La Contralora dió orden a los funcionarios de la entidad de abstenerse a producir declaraciones sobre cualquier proceso que se esté adelantando y que tenga relación con los aforados constitucionales.
La Contralora General de la República, en atención al fallo proferido por los conjueces sorteados por el Consejo Superior de la Judicatura, y conocido por la Contralora General el pasado 30 de marzo, de parte del secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, toda vez que a este despacho sólo se emitió la orden de entrega inmediata de los expedientes contentivos de las investigaciones que por el concepto del incremento posiblemente irregular de la mesada pensional de nominados del Consejo Superior de la Judicatura, previa deliberación de su consejo directivo, decreta la suspensión de todas las actuaciones que se vienen adelantando por la Contraloría General de la República y que de una u otra manera puedan afectar a servidores públicos que gocen de fuero constitucional.
Lo anterior, en tanto se profiere providencia aclaratoria de la decisión, teniendo en cuenta que al tenor literal de la misma, podría inferirse que también la Contraloría General de la República usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y procesos a los siguientes servidores públicos:
Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Embajadores, Gobernadores, Procurador General, Defensor del Pueblo, que tienen fuero constitucional.
La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, ha dado orden a todos los funcionarios de la entidad de abstenerse de producir declaraciones sobre cualquier proceso que se adelante en la entidad en estos momentos y que tenga relación con los aforados constitucionales.
