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La Contraloría General destapó una serie de irregularidades en el desarrollo de los convenios ejecutados con recursos públicos en los distritos de adecuación de tierras y drenaje Mocarí y La Doctrina, en el departamento de Córdoba.
Al realizar una actuación especial de fiscalización sobre estos distritos de propiedad pública del Incoder, pudo establecer que, en el caso del distrito de riego Mocarí, de 3.000 hectáreas habilitadas con infraestructura de riego, desde el 2010 hasta el 2012 se han utilizado efectivamente menos del 20% y el registro de Usuarios y Beneficiarios se encuentra desactualizado, pues no se tienen registrados los cambios de propietarios que han tenido los predios y tampoco los englobes o desenglobes producto de compras o ventas realizadas de los terrenos.
Adicionalmente, se ha dado paulatinamente un cambio de uso del suelo rural debido al crecimiento urbano del municipio de Montería. De acuerdo con la entidad de control, estos hechos afectan la gestión de cobro de cartera por concepto de cuotas de fijas y funcionamiento, pues no se tiene certeza sobre cuáles son las extensiones de tierra respecto a las que se calculan las cuotas y si realmente se benefician de riego y drenaje.
La entidad encontró que no existen controles por parte del Incoder que permitan medir el agua suministrada a los usuarios que utilizan riesgo en los distritos Mocarí y La Doctrina.
Al establecer si existen multas, sanciones, intereses de mora o requerimientos por cobro de la tarifa de aprovechamiento de agua sobre los distritos de adecuación de tierras Mocarí y La Doctrina, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS- señala que a 31 de enero de 2013, el Incoder posee una acreencia de $233.842,00 por concepto de tasa por uso de agua de Mocarí. A diciembre de 2012, el Incoder canceló la suma de $39.070.128, de los cuales $11´322.523.00 corresponden a intereses moratorios.
Respecto a La Doctrina, no cuenta con concesión de aguas vigente y la cartera por concepto de tarifas del distrito Mocarí asciende a $20.595.954.390, y debido a la desactualización de límites y registro de usuarios, entre otras situaciones, el valor de la misma no es razonable.
La Contraloría determinará el área de influencia de los distritos Mocarí y La Doctrina, para diagnosticar las condiciones reales de la administración, uso y beneficio de los mismos, número de predios, de usuarios y hectáreas beneficiadas.
Además, precisó el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Luis Alberto Higuera Malaver, "se evaluará si se han logrado los objetivos orientados al mejoramiento de la actividad productiva preponderante en las zonas destinatarias de los recursos, cumpliendo convenios y acuerdos de financiamiento que se constituyeron para promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario donde se encuentran ubicados los distritos de riego".
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