Contraloría detectó presunto daño fiscal por $86.054 millones en contratos de Ecopetrol

La Contraloría General de la República encendió las alarmas por presuntas irregularidades en dos contratos de Ecopetrol que habrían generado un daño fiscal superior a $86.054 millones, tras una auditoría realizada durante la vigencia 2024. Los hallazgos están relacionados con la inoperancia del Ecoparque Solar Providencia y con la falta de aplicación oportuna de sanciones en un contrato suscrito con la empresa Morelco S.A.S.

Según el órgano de control, el mayor riesgo fiscal corresponde al convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, cuyo objetivo era fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia, como respuesta a la emergencia causada por el huracán Iota y como parte de la estrategia de transición energética. En este caso, la Contraloría determinó un presunto daño por $49.592 millones.

La auditoría concluyó que el Ecoparque Solar se encuentra inoperante de manera integral, lo que ha expuesto sus activos a deterioro ambiental, pérdida progresiva de vida útil y posibles sobrecostos si se intenta ponerlo en funcionamiento en el futuro. Uno de los principales incumplimientos fue la no entrega del sistema Bess, fundamental para el almacenamiento de energía en baterías.

De acuerdo con el informe, la adquisición de este sistema dependía de una donación internacional gestionada por el ministerio, “sin garantías contractuales”, mientras que Ecopetrol decidió continuar con la ejecución del proyecto “sin asegurar la disponibilidad de ese componente”. Para la Contraloría, la operación parcial del parque incumple el objeto contractual, que exigía la puesta en marcha integral de la planta fotovoltaica, el sistema BESS y el sistema de control.

“El proyecto no está cumpliendo el fin para el cual fueron destinados los recursos, no se encuentra prestando ningún servicio, ni ha representado beneficio alguno para la comunidad raizal”, advirtió el ente de control. Además, alertó sobre el riesgo de obsolescencia de los equipos debido a la falta de uso y a las condiciones climáticas de la isla.

El informe también señala falta de planeación, gestión y supervisión, así como una gestión fiscal irregular tanto del Ministerio de Minas y Energía como de Ecopetrol, al permitir la ejecución de un proyecto sin las condiciones técnicas necesarias para su operación.

Multas que no se cobraron a tiempo

ARTÍCULO RELACIONADO

“Vender Permian es quitarle 10% de reservas a Ecopetrol, 189 millones de barriles"

El segundo hallazgo fiscal, por $36.462 millones, está relacionado con el contrato No. 3050857, suscrito entre Ecopetrol y la empresa Morelco S.A.S. La Contraloría estableció que estos recursos corresponden a un monto asegurado que no fue recuperado por la estatal petrolera, luego de que la aseguradora negara el pago.

Durante la auditoría se evidenció que Ecopetrol no aplicó de manera oportuna las medidas contractuales frente a los reiterados incumplimientos del contratista, especialmente las cláusulas relacionadas con la imposición de multas y la terminación anticipada del contrato.

Aunque la empresa documentó múltiples comunicaciones en las que advertía sobre atrasos entre 2023 y 2024, permitió que el contrato continuara sin imponer sanciones. La Contraloría precisó que Ecopetrol solo inició el trámite de imposición de la multa y el reclamo ante la aseguradora el 15 de abril de 2025, cuando el contrato ya había vencido el 30 de diciembre de 2024 y la póliza estaba expirada.

Para el organismo de control, esta actuación evidencia una “gestión extemporánea frente al control de los incumplimientos”, lo que significó perder la oportunidad de aplicar acciones de mitigación dentro de la vigencia contractual y, en consecuencia, recuperar los recursos públicos comprometidos.