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Según el ente de control, EPM le habría ocultado información a la Anla
La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de la auditoría de cumplimiento que le realizó al proyecto Hidroituango, en el que formuló 35 hallazgos. De estos, 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y ocho, penal.
El órgano de control encontró varias incongruencias en la licencia ambiental. Por un lado, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad que para la época era la encargada de la gestión de este permiso, la expidió aunque se conocía que en el lugar en el que se construye el proyecto hay fallas geológicas y derrumbes constantes. Diana Giraldo, del movimiento Ríos Vivos, señala que desde los estudios de prefactibilidad las comunidades hicieron esta denuncia.
“Actualmente, en el municipio de Peque, que está en la cola del embalse y que ha sido reconocido como afectado por Hidroituango, hay preocupación por deslizamientos y se teme que haya un deplazamiento de la comunidad”, expresó.
Además, se halló que a la licencia ambiental se le hicieron 12 modificaciones, por lo que el proyecto en construcción es diferente al licenciado. En este sentido, el reporte de la Contraloría señala que EPM ocultó información a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y que avanzó en las obras sin tener la licencia requerida.
“Ni las autoridades de los municipios, y mucho menos sus habitantes, tienen plena información sobre los riesgos del proyecto y cuándo va a cesar la incertidumbre”.
“Omitir la consulta previa, que es un requisito para la licencia ambiental, puede llevar a que esta sea revocada y a que el proyecto no entre en operación”.
Al respecto, EPM emitió un comunicado en el que destacó que el proyecto siempre ha contado con acompañamiento de las autoridades competentes y que, para respetar el debido proceso, no profundizará en las investigaciones que se adelantan.
La Contraloría también incluyó reparos frente a la gestión de la Anla, pues considera que el proyecto se le salió de control, ya que desde hace ocho años ha abierto procesos sancionatorios que no han sido fallados por inactividad procesal. El contralor Edgardo Maya dijo que no se explica que EPM no haya sido sancionada cuando obligaciones establecidas en la licencia ambiental, como la protección de especies amenazadas y la reforestación, están retrasadas.
Frente a esto, la Anla publicó un comunicado en el que señaló que no es la autoridad competente para conocer los diseños de obra e infraestructura y que actualmente realiza las investigaciones sancionatorias para determinar las causas de la contingencia.
Falta una entidad técnica en ingeniería
El reporte de la Contraloría también destaca que no existe una entidad que se encargue de evaluar en el proceso de licenciamiento los aspectos técnicos de ingeniería y de hacerle seguimiento a la ejecución. También destacó la ausencia de un plan de contingencia ajustado a los riesgos reales del proyecto, que no solo afectó a más de 25.000 personas, sino que causó daños incalculables a los recursos naturales. Otro hallazgo de la auditoría es que se les violó el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas de Orobajo y Barbacoas, quienes habitan en la zona.
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