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Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, señala que reforma pensional debe cumplir con marco fiscal
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Frente a la capacidad de Colpensiones para responder a nuevos requerimientos, la CGR considera que su diseño debe revisarse
A propósito de la reforma pensional que surte trámite en el Congreso, la Contraloría General de la República considera que el proyecto generará avances sociales, pero que no debe afectar el cumplimiento de la regla fiscal.
“A la Contraloría le preocupa, de llegarse a aprobar la reforma, el equilibrio de las finanzas para garantizar que la regla fiscal en el mediano y largo plazo no se vaya a ver afectada, porque generalmente cada año se debe aportar un promedio dl 19% del Presupuesto General de la Nación para cubrir el déficit de las pensiones públicas que el estado tiene la obligación de garantizar, a aquellos ciudadanos que durante toda la vida laboral han hecho de manera juiciosa un aporte a las pensiones”, manifestó al respecto el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga.
Zuluaga señaló que toda decisión tiene que garantizar la fuente de financiación y de sostenimiento en el tiempo. Y agregó que todos los ciudadanos, independientemente de donde coticen, tengan las mismas condiciones y garantías.
“El único propósito del estudio sectorial sobre la reforma pensional es que cuando se realice un debate de este proyecto de ley puedan reconocerse sus riesgos, ventajas y bondades y, por supuesto, lo que más le interesa a la Contraloría es que tengamos en cada una de las reformas la claridad de cómo se va a financiar y a garantizar la sostenibilidad de cada una de estas medidas”, anotó.
El ente de control señaló que una de las grandes limitaciones de la reforma pensional es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados, los cuales se llevan una importante asignación presupuestal equivalente a 39,3% del total de recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a pensiones.
En cuanto a la inequidad, "al traer al régimen de Prima Media todos los afiliados del régimen de ahorro individual que ganen hasta ese rango salarial (cerca de 90% de sus afiliados) se seguirían erogando recursos importantes por parte del Estado a un amplio número de ciudadanos que serán subsidiados, independientemente de su nivel salarial, es decir todos los trabajadores se beneficiarían del mismo subsidio".
El estudio señala que la reforma pensional, al igual que la laboral, no cuenta con políticas para ampliar el número de afiliados en las regiones, pues en 13 de los 32 departamentos los porcentajes de pensionados de su población son inferiores a 10%. La cobertura pensional requiere, por definición, una contribución previa, que es necesario promover a través políticas de empleo, puesto que el simple otorgamiento de subsidios no abordaría verdaderamente la falta de cobertura pensional en la población mayor.
Frente a la sostenibilidad financiera, el estudio llama la atención sobre el costo proyectado de la reforma, "el cual muestra un acelerado crecimiento al pasar de 73,57% del PIB en 2010 a un Valor Presente Neto en 2100 de 126%. También sería una amenaza el hecho de que el total de afiliados comienza a decrecer desde 2036 y los afiliados activos desde 2037, lo cual contrasta con el enorme esfuerzo fiscal que proyecta el gobierno".
A la Contraloría le preocupa la capacidad técnica e institucional que pueda tener Colpensiones para ingresar al sistema pensional 18 millones de colombianos, pero también su limitada capacidad de respuesta ante el alto número de solicitudes relacionadas, por ejemplo, con temas como historias laborales y el reconocimiento de pensiones.
El estudio de la Contraloría indica que este conjunto de fallas ha repercutido en la capacidad de Colpensiones para brindar respuestas oportunas y eficientes a las solicitudes de los beneficiarios, así como en la resolución de casos pendientes.
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