Contraloría advierte riesgo fiscal por aumento del presupuesto de la justicia

Es así como solicitan al Gobierno que haya mayor control de los gastos permanentes, los cuales restringen el margen de maniobra de las finanzas públicas, como son las modificaciones salariales y presupuestales que han implicado un crecimiento de $2,6 billones en sus gastos de funcionamiento.

Un panorama que pone en riesgo no solo el control del déficit fiscal, sino la proyección y realización de inversiones públicas de alto impacto social en el mediano plazo.

Este es el primero de varios análisis que sobre el gasto público sectorial adelantará la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, con el objeto de vigilar el comportamiento de aquellos gastos que se vuelven permanentes.

Cambios salariales en la rama judicial

Con el régimen de 1993, donde los gastos de personal pasaron de $667.000 millones a $1,13 billones en un año, luego las bonificaciones y primas que se establecieron desde 1998 hasta el 2005, y finalmente los incrementos que resultaron de los paros de 2006, 2008 y 2012.

Ese incremento modificó la escala salarial de los funcionarios y empleados. Los salarios de la rama están por encima de lo que se percibe en el Ejecutivo. Por ejemplo, un ministro recibe por ingresos mensuales $14,2 millones mientras un magistrado devenga $27,8 millones.

En total la bonificación de 2013 ha costado $1,3 billones a 2014 y se estima pasará los $2 billones en 2018. Esto implica llevar los gastos de personal a niveles superiores a los $2,8 billones en 2018.