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TRANSPORTE

Consejo de Estado rechazó solicitud para suspender licitación del Metro de Bogotá

martes, 22 de octubre de 2019

La medida buscaba ordenara suspender la Licitación Pública Internacional para la Primera Línea del Metro de Bogotá

Margarita Coneo Rincón

Con el objetivo de ordenar suspender la Licitación Pública Internacional para la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) y el contrato de consultoría (PMO); además de que, de mantenerse el cronograma, se suspendieran “los efectos de la adjudicación y del contrato hasta tanto se emita la sentencia en este asunto” el concejal y candidato a la alcaldía de Bogotá Hollman Felipe Morris Rincón presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de medidas cautelares que finalmente fue rechazada.

De igual forma, el juzgado 32 administrativo del circuito de Bogotá rechazó la solicitud de medida cautelar solicitada por los representantes a la Cámara Inti Asprilla y David Ricardo Racero, a través de una acción popular. Presentadas con el mismo fin que la de Morris.

Morris, Asprilla y Racero argumentaban que los hallazgos realizados por la Contraloría Distrital de Bogotá, en su informe final de auditoría, afectaban el proceso de la Licitación Pública Internacional para la construcción y operación de la PLMB.

Sin embargo, el Juez 32 Administrativo consideró que tanto la licitación pública internacional GR-LPI-001-2018 como el contrato de PMO ya fueron adjudicados por lo cual “actualmente en inane el pronunciamiento en cuanto a las medidas cautelares”.

De igual forma señaló que en lo concerniente a la Contraloría Distrital “sería prematuro determinar en este preciso momento procesal que, con base en el informe de Auditoría de Regularidad N| 67, realizado por la Contraloría Distrital, la administración está poniendo en peligro o vulnerando los derechos colectivos invocados por el actor popular, máxime porque no se ha determinado fehacientemente que en virtud del aludido informe se hayan tomado decisiones por autoridades judiciales competentes que hayan determinado la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de quienes integran las entidades o sociedades auditadas”.

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