Adquirir la licencia social, el reto de la minería en los territorios

En el arranque de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (Imarc por sus siglas en inglés), que se está llevando a cabo en Melbourne, Australia, los manifestantes contra la actividad minera no se hicieron esperar para protestar contra el uso del agua en la industria y contra el uso de tierras ancestrales para la actividad minera. Al final del día, las noticias locales hablaban de 50 arrestos y en solo el primero día del evento. Este es un fenómeno que se está replicando en todo el planeta tierra y que las empresas del sector tienen identificado como uno de sus grandes retos.

En la inauguración del evento, Stephen Durkin, CEO del Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), reconoció que este momento es particularmente difícil para el negocio minero, poque “todos los ojos están encima”, pero recordó que este sector es particularmente para la economía, ya que, al menos en el caso australiano, casi 10% del PIB depende de la actividad minera, es responsable de uno de cada 10 empleos en el país, y “tenemos que decir que el sector está en muy buena forma”, dijo Durkin.

De la mano con esto, la ministra de recursos del Gobierno de Victoria, Jaclyn Symes, recordó que, en la zona, hay registros de actividad minera aborigen que data de hace más de 4.000 años, y que Melbourne es lo que es gracias a la fiebre del oro de mediados del siglo XIX, que permitió la migración a la ciudad y el crecimiento económico que la llevó al desarrollo. Además, explicó que solo cerca de la mitad del oro de la zona ha sido extraído, por lo que el potencial económico que tiene la actividad es muy grande aún.

Para conciliar esta disyuntiva, de descontento social y buen potencial económico, Durkin dijo que la clave está en incorporar a la industria las ideas de diversidad, digitalización y la responsabilidad de tener las mejores prácticas posibles. El director de Voconiq, Rolph Fandrich, explicó que todo esto se reduce a la “licencia social” que deben tener ciertos tipos de negocios que tienen un impacto en la vida de las comunidades.

Fandrich explicó que la firma en la que él trabaja se dedica constantemente a monitorear la opinión de las comunidades sobre la actividad minera (aunque también trabajan con otras industrias como la agrícola) y a partir de ese monitoreo, la empresa puede enfocar mejor sus acciones y sus inversiones sociales; “nuestra meta es poder medir el riesgo social como se miden el resto de los riesgos del negocio”, dijo.

La idea del modelo, señaló es encontrar en cada comunidad los factores que ayudan a construir confianza entre la minería y las comunidades, para, al final del día, generar aceptación en la población general, ya que, como explicó, cerca de 5% de la población está completamente de acuerdo con la actividad, 5% está completamente en desacuerdo y queda un 90% de la gente cuya opinión terminará llevando la balanza social hacia la aceptación o el rechazo.

De acuerdo con su experiencia, son cuatro factores los que marcan la diferencia en el trato con las comunidades: escuchar y ser receptivos con sus preocupaciones; que el contacto con los líderes comunitarios sea de calidad y con respeto; que las personas puedan ver el dinero de la actividad dinero de la actividad minera en sus territorios, gracias a la creación de empleos o las inversiones sociales en las comunidades; y que el manejo medio ambiental sea tan bueno como sea posible.

“En Suramérica se ha sufrido mucho por la falta de licencia social. Se han perdido activos de miles de millones de dólares porque las empresas no saben leer a la gente y cuando se dan cuenta, ya no hay nada que hacer, la balanza ya se ha inclinado al rechazo”, indicó Fandrich. El trabajo de su empresa ya ha logrado generar, por ejemplo, encuestas en zonas de Australia y Chile sobre las principales preocupaciones de las comunidades sobre la actividad minera.

Las ideas desde la industria

En la industria son conscientes de la necesidad de este cambio de paradigma, ya que las operaciones están haciéndose cada vez más complejas. Por eso, desde la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (Csiro por sus siglas en inglés), ya están trabajando en procesos de mejora de la industria.

David Molenaar, investigador principal del centro, explicó cómo está trabajando en un sistema de monitoreo ambiental que es mucho más eficiente que los que se utilizan actualmente en el negocio, además de un mecanismo para reducir la cantidad de energía eléctrica necesaria para el trabajo de metales como el cobre. Para dar cuenta de la magnitud de los ahorros, Molenaar indicó que se pueden salvar cientos de miles de dólares en cada proyecto al año, al tiempo que indicó que “el enchufe común de pared maneja unos 10 amperios, en estos procesos industriales necesitamos 300.000”. Estas innovaciones ya están siendo utilizadas en Suramérica, en Cerro Negro, al norte de Santiago de Chile.

Del lado de las grandes compañías ya se empieza a ver también el cambio. Sundeep Singh, el global Procurement Office de BHP (empresa que tiene operación conjunta con Cerrejón), y quien es encargado de mover US$20.000 millones al año en compras para la compañía, dijo en su discurso en la apertura de Imarc que la clave está en la generación de valor social. Singh explicó que es enorme el potencial que tiene la empresa para trabajar con su cadena de suministros, que incluye a 60 países, 10.000 socios comerciales y 215.000 diferentes productos.

Singh dijo que a la empresa no le importa gastar un poco más en algunos productos y servicios, siempre y cuando estos estén hechos de tal forma que generen valor en las comunidades, y así, por ejemplo, indicó que tienen iniciativas como compra a proveedores locales, uso de energías renovables y que trabajan mucho en la “logística limpia”, lo que les ha permitido ser una empresa 12% más limpia que la media de la industria.

Finalmente, esta también es una conversación en la que están interesadas las comunidades que han podido salir adelante gracias a la minería. Florence Drummond, cofundadora de la asociación de Mujeres indígenas en la minería y recursos en Australia (Iwimra por sus siglas en inglés) explicó que lo más importante para lograr la legitimidad de la industria en los territorios es la negociación con las comunidades, y resaltó que la asociación que ella cofundó ya tiene más de 4.000 miembros que se dedican a trabajar por difundir sus experiencias reales de cómo la minería los ha beneficiado.