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El senador Alexander López, quien promovió esta iniciativa, aseguró que se beneficiarán más de 1,4 millones de pensionados y que esta ley va a costar al Estado entre $2,5 y $3 billones anuales.
La reforma ha sido cuestionada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pues definió la medida como populista y desfinanciada. Debido a la inconveniencia de aprobar su implementación, el gabinete buscará objetar la ley.
Asimismo, otras figuras apuntan a que se crearían falsas expectativas en los jubilados porque no se podría cumplir esta reducción por falta de recursos.
Sin embargo, desde el Congreso se defendió la ley porque era una deuda del Gobierno con los jubilados, en especial del mandato de Juan Manuel Santos, pues fue una promesa en campaña.
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