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Uno de los puntos que estipuló la tributaria era la opción tarifaria.
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Tras la caída de la tributaria, los analistas destacan que la iniciativa queda en duda, mientras la deuda podría ascender a $5 billones
Tras el hundimiento de la ley de financiamiento en la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional comenzará con un Presupuesto desfinanciado en 2025. Uno de los puntos que estipuló la tributaria era la opción tarifaria. Con base en lo mencionado por abogados tributaritas, hay incertidumbre sobre cómo el Ejecutivo podría asumir la obligación, con la cual esperaba congelar el aumento de tarifas para los estratos 1, 2 y 3.
“A través de la reforma se pretendía incluir una medida para que la Nación asumiera la deuda generada por el mecanismo de la opción tarifaria. Con el hundimiento del proyecto, queda en duda cómo se va a asumir esa deuda por parte del Gobierno Nacional que ahora ascienda casi $5 billones en su totalidad”, manifestó la abogada en asuntos tributarios, María Alejandra Buitrago.
“En tanto no se cree este mecanismo, el pago de esta deuda seguirá efectuándose a través de la tarifa del servicio a los usuarios, y seguirá afectando de manera considerable el flujo de caja de las empresas de comercialización de energía al no poderle trasladar a los usuarios el costo”, apuntó la jurista.
La reforma pretendía aumentar la tasa de 15% a 20%, con el hundimiento del proyecto el alza de 5% no se hará efectiva. Carlos Rodríguez, socio fundador de Esguerra JHR y Andersen en Colombia, señaló que lo anterior tiene como consecuencia que “el archivo del proyecto implica que se mantenga el régimen actual introducido con la Ley 2277 de 2022, el cual causa doble tributación por diferencias temporarias entre lo contable y lo fiscal o de tributación sobre ingresos contables más no fiscales”.
César Camilo Cermeño, socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, concluyó que “aunque el aumento no procede tras el hundimiento del proyecto, persiste la preocupación en relación con el impacto del impuesto mínimo en la inversión privada y competitividad. La medida se origina en una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, para crear un ‘impuesto mínimo global’ para grandes multinacionales, se tradujo en Colombia como una mala versión incorporando fallas lógicas en la determinación de la fórmula que pueden llevar a que se graven ingresos que no se han realizado”.
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