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Factores como el conflicto en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá y el de la zona franca conocida como Zona Libre de Colón (ZLC) en el Atlántico, podrían tener un efecto en el sistema bancario, aseveró hoy el titular de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Alberto Diamond.
El responsable de la entidad reguladora de bancos, reconoció el riesgo al refirirse a los posibles efectos del conflicto entre el contratista Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la administración de la vía interoceánica.
En entrevista a la Agencia de Noticias de Panamá (ANPanamá), el funcionario sostuvo que estos riesgos también se deben a las dificultades existentes en la zona franca ZLC para exportar a Colombia y cobrar cuentas a Venezuela.
Señaló que el impacto es factible, tomando en cuenta que muchos bancos locales están financiando a las empresas de la franja, así como a los subcontratistas del proyecto de ampliación del Canal.
Aseguró que por lo tanto es importante que se tomen previsiones y que todos los bancos estén alertas con monitoreo a sus clientes, al igual que el organismo encargado de los bancos lo está haciendo.
GUPC, conformado por las empresas Sacyr Vallehermoso (España), Imptegilo (Italia), Jan de Nul (Bélgica) y Constructora Urbana (CUSA/Panamá), advirtió a fines del año pasado sobre la posibilidad de suspender los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Argumentó que ha tenido un sobrecosto durante la ejecución de la obra de unos 1.600 millones de dólares.
Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha subrayado que no aceptará presiones y que cualquier solución al conflicto se debe buscar dentro del contrato.
En tanto, la ZLC -una de las zonas francas más importantes del mundo-, ha sufrido afectaciones debido a una sobre tasa al calzado y a los textiles impuesta a las importaciones colombianas, con el argumento de pretender frenar el contrabando proveniente del área franca panameña.
El gobierno de Panamá demandó a Colombia a mediados de junio del 2013 ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), al considerar un trato discriminatorio, y está a la espera de la instalación de un panel que decida en torno al tema.
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