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Conciertos, licor y yates serían gravados en nueva tributaria
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El Gobierno radicó un articulado que busca recaudar $21,9 billones; habría cambios en deducciones de renta, así como un aumento en el IVA de algunos productos
Tal y como lo había anticipado, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ayer en el Congreso su quinto y último proyecto de reforma tributaria, con el que busca recaudar $21,9 billones el próximo año.
Muchos de los impuestos ya habían sido incluidos en la ley de financiamiento presentada en diciembre del año pasado, entre ellos el aumento del IVA para los vehículos híbridos de 5% a 19%; la creación de un impuesto al consumo de 19% para las entradas a conciertos y eventos deportivos que superen los $500.000; el mantenimiento del IVA de 19% para los juegos de suerte y azar en línea, y cambios en los gravámenes para sectores como el financiero y el minero-energético, entre otros.
Una de las medidas incluidas en el articulado de la reforma tributaria es la creación de un impuesto al consumo para los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. Actualmente, el artículo 476 del Estatuto Tributario establece que estos servicios están excluidos del impuesto IVA; la propuesta del gobierno plantea gravarlos con un impuesto al consumo del o 19% cuando el valor de la entrada a este tipo de espectáculos sea superior a los $500.000.
Entre las medidas del articulado se encuentra la eliminación del beneficio para dependientes creado por la Ley 2277 de 2022, que permite una deducción adicional de 72 UVT por cada dependiente, aunque se mantendría el beneficio equivalente a 10% de los ingresos laborales brutos establecido en el Estatuto Tributario.
Cabe recordar que este beneficio fue incorporado por la Ley 2277 de 2022, la última reforma tributaria del gobierno Petro. Esa norma estableció que los trabajadores dependientes pueden deducir 72 UVT, equivalentes a $3,77 millones por cada dependiente, con un máximo de cuatro, como beneficio adicional dentro del impuesto sobre la renta.
La propuesta reduce el umbral para pagar el impuesto al patrimonio de 72.000 UVT (unos $4.002,2 millones) a 40.000 UVT (aproximadamente $2.223,4 millones), tomando como referencia la UVT estimada para 2027 de $55.586. Con este cambio, 105.332 contribuyentes quedarían sujetos al gravamen, equivalentes a 1,7% del total de declarantes del impuesto de renta.
Otra de las cartas que baraja el gobierno con la nueva tributaria es aumentar la tarifa máxima del impuesto nacional al consumo de 16% a 19% para los bienes considerados de lujo, con el fin de equipararla a la tarifa general del IVA.
Esto incluiría vehículos de alto valor, motos de alto cilindraje, yates, barcos y aeronaves, para obtener cerca de $107.000 millones adicionales en 2027.
El proyecto también propone aumentar el IVA de las bebidas alcohólicas de 5% a 19% para unificar la tarifa de licores, vinos, aperitivos, refajos y otras bebidas alcohólicas. El gobierno aseguró que la medida busca reflejar los costos sociales asociados al consumo de alcohol, reducir su consumo y mejorar los resultados en salud pública.
La reforma también propone ampliar el impuesto al consumo a todos los productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos e imitadores, incluidos los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Además, plantea aumentar el componente específico del impuesto a los cigarrillos, crear un gravamen específico de $2.000 por mililitro para los vapeadores y mantener el impuesto ad valorem de 10% para los productos sólidos, mientras que los líquidos para vapeadores pagarían una tarifa de 30%.
“Habría un aumento de la tasa de 16% a 19% para bienes de lujo, como los yates y autos de alta gama. Hay una apuesta por las entradas a conciertos de $500.000”.
“Hubo un desbalance fiscal que impidió generar ingresos tributarios a la Nación por cerca de $61 billones, por todas las medidas adoptadas por el Congreso de la República”.
La propuesta incluye aumentar la tarifa del impuesto al carbono de $29.070,49 a $42.609 por tonelada de CO2 equivalente, modificar la gradualidad para el carbón para que la tarifa plena se alcance en 2030, con una aplicación de 40% en 2027, 60% en 2028, 80% en 2029 y 100% en 2030, y reducir el mecanismo de no causación del impuesto.
La reforma propone eliminar la exención del IVA para las importaciones de productos de bajo costo, más conocidos como minimis, para equiparar las condiciones tributarias entre el comercio local y las compras realizadas por canales digitales desde el exterior. Esto generaría ingresos adicionales cercanos a $1,1 billones en 2027.
El articulado propone aumentar la sobretasa del impuesto de renta para las instituciones financieras, pasando de 5 a 15 puntos porcentuales sobre la tarifa general, y convertirla en permanente.
El Gobierno señaló que la medida busca reducir las diferencias en la carga tributaria entre sectores económicos y recaudar $1,3 billones adicionales en 2027, monto que ascendería a cerca de $2,9 billones en 2030.
La reforma propone crear de manera permanente un impuesto especial para la extracción de petróleo crudo y carbón, aplicable a la exportación y a la primera venta en el mercado nacional.
La tarifa sería de 1% sobre el valor FOB de las exportaciones o sobre el valor de la factura en las ventas internas, y solo aplicaría a empresas o personas con una renta líquida igual o superior a 50.000 UVT en el año gravable anterior, umbral que para 2026 equivale a $2.618,7 millones, con una UVT de $52.374.
La reforma propone eliminar el descuento tributario aplicable a los dividendos porque reduce la carga efectiva para los contribuyentes con mayores ingresos y disminuye la progresividad del sistema. Según la Dian, la medida permitiría aumentar el recaudo en $984.000 millones para 2028. Además, propone eliminar el beneficio del componente inflacionario de los rendimientos financieros para personas naturales. Esto aportaría $419.000 millones de recaudo en 2028, según las estimaciones del gobierno.
De acuerdo con estimaciones de la Dian, esta medida permitiría incrementar el recaudo en $1,4 billones de pesos para 2028
El Gobierno argumentó que la medida actualmente aplicable se ha convertido en un gasto tributario para la Nación, controlado por los prestadores de servicio
Estas comisiones conjuntas están conformadas por las terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes
