Los gremios estiman que esta medida afectaría a la población de menos recursos. Además, piensan que se promoverá la entrada de contrabando

Adriana Carolina Leal Acosta

La imposición de un nuevo arancel a confecciones que viene adelantando el Ministerio de Industria y Comercio vía decreto, lo terminará pagando el consumidor final, según la posición de Fenalco y Analdex.

"De pasar el decreto tal y como está estipulado en el borrador presentado recientemente por el Ministerio, se impondría un arancel de 40% a confecciones que ingresan al país, de menos de 10 dólares por kilo y otro arancel de 15% más un dólar estadounidense para los textiles con precio superior a los 10 dólares por kilo, lo cual según nuestros cálculos significaría un alza entre el 5 y 10%, sin contar la devaluación que supone un aumento adicional en el precio del vestuario de los colombianos, especialmente en los estratos de menores ingresos y tendría un efecto negativo en consumidores, industria, exportadores y comerciantes", señalan las organizaciones gremiales.

En este sentido Fenalco y Analdex también advirtieron que una medida que encarezca los costos de importación de mercancías, altamente sensibles a ingresar ilegalmente al país, se convertirá en caldo de cultivo para el auge del contrabando, lo que arrasaría con el comercio formal y afectaría a la industria local.

“Reconocemos que las entidades aduaneras están haciendo grandes esfuerzos para combatir este flagelo pero un hipotético aumento en los aranceles echaría por tierra tales esfuerzos”, agregó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Por su parte Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, afirmó que los gremios reconocen que la industria local enfrenta un problema de ingreso al país de prendas de vestir a muy bajos precios, pero no es con aranceles como se soluciona este problema. "Un incremento, por el contrario, estimula el ingreso ilegal de prendas de vestir al mercado", aseguró.

Según estos gremios, lo que se requiere son instrumentos como precios de referencia y control aduanero en los puntos de ingreso para evitar la declaración a bajos precios. “Particularmente, nos preocupa que se establezcan aranceles adicionales a este sector, pues muchos otros podrían terminar solicitando igualmente una mayor protección y por esta vía podemos terminar cerrando aún más la economía”, agregó Díaz.

Cabe señalar que esta medida fue propuesta luego de que declararon inexequibles los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establecían que los importadores deberían pagar un impuesto de 37,9% a las confecciones que valieran menos de US$20 el kilo, así como cancelar el 10% ‘ad valorem’- es decir, dependiendo del valor del producto- más US$3 por kilogramo bruto de prendas. Estas normas, cabe recordar, tuvieron vigencia durante 85 días.