Anticipe líos de cartera que genera un cliente insolvente con el seguro de crédito

Desde 2007 cerca de 2.250 empresas fueron aceptadas en reorganización por la Superintendencia de Sociedades al amparo de la Ley 1116 de 2006 (Ley del Régimen de Insolvencia Empresarial), instrumento que permite, “a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos”.

Son unidades productivas de diversas características (220 grandes, 464 medianas y 500 pequeñas, entre otras) que por diferentes razones entraron en insolvencia y se acogieron a ese régimen judicial, cuyo objeto es “la protección del crédito y la recuperación y conservación de las empresas como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”.

La insolvencia es precisamente uno de los riesgos que más afecta las relaciones entre Empresas. Solunion, compañía experta en Seguro de Crédito y líder de ese mercado en Colombia, señala que precisamente el 30% de los siniestros que atiende anualmente corresponden a casos de insolvencia.

Sin bien el propósito de la Ley 1116 de 2006, es contribuir a que las empresas viables se recuperen, los proveedores y otros tipos de acreedores pagan un alto precio, durante el proceso de negociación del acuerdo de reorganización y durante el tiempo que dura la ejecución del mismo para percibir los pagos de las obligaciones reconocidas en el acuerdo.

Tener a la mano un instrumento como el Seguro de Crédito, ofrecido por Solunion, con presencia en 40 países, ayuda a mitigar el impacto de un caso de insolvencia empresarial y, además brinda en una fase previa, un acompañamiento para prevenirlas consecuencias de impago, en la medida que valora a sus proveedores y le permite tomar una mejor decisión sobre si le conviene otorgarle crédito a un determinado cliente.

Solunion no solo logra que el asegurado obre de manera cautelosa, sino que les acompaña en la eventualidad de que sus clientes entren en mora y en casos extremos a un proceso de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006, escenario que resulta indeseado y que lo debilita financieramente en la medida que golpea su flujo de caja.