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La entidad podrá controlar el uso de celulares que hayan sido reportados, robados o bloqueados pero que aún son utilizados después de modificarles su código IMEI (número de identificación). Una actividad que es declarada como ilegal, según lo consignado en la Ley 1453 de 2011.
Pese a esta condición legal, esta manipulación es el método más usado por los comerciantes de celulares robados en el país.
Fuera de los teléfonos que pueden ser modificados, la norma permite encontrar los aparatos con identificación inválida o que no cumplen con las características técnicas para operar en Colombia.
Según datos de la CRC, en lo corrido de este año se han bloqueado 156.000 teléfonos móviles, en promedio. Razón por la que también se tomó la decisión de crear la reglamentación.
Esta medida se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para hacer frente al robo de celulares, y por ello establece la posibilidad de que la CRC, que es dirigida por Juan Manuel Wilches, realice un diagnóstico de todos los aparatos que funcionan en las redes y así calcular los equipos que tienen IMEI inválido, duplicado o que no estén homologados.
La entidad informó que en los próximos meses los operadores móviles, entre los que se encuentran Claro, Tigo-UNE y Movistar, reforzarán el seguimiento a los celulares no registrados, ya que es necesario que cada equipo esté asociado a un cliente o usuario.
Actualmente, cuando se detecta cambio de SIM en equipos no registrados, los operadores envían un mensaje de texto para que el usuario proceda a registrarlo y si en 15 días no lo hace, el teléfono es bloqueado.
Desde abril de 2013 a septiembre de 2015 se han bloqueado 3,6 millones de celulares por no haber sido registrados, y se han inscrito 1,9 millones de equipos.
El documento aún está en proceso de expedición normativa y no ha sido publicado, por lo que no se encuentra vigente
Si bien hubo una mejora gradual, factores como la incertidumbre y la menor contratación persisten en el sector e impactan en ventas de algunos subsectores
El Ministerio de Comercio detalló que la decisión se tomó con base en unos estudios que señalaron que las importaciones de alambrón proveniente de países que no tienen convenio crecieron 9%