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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer en su último informe, “Tendencias Mundiales del Empleo 2013”, que Colombia ocupó el cuarto puesto en informalidad laboral de la región, después de países como: Perú, Bolivia y Paraguay.
Hoy en día, la informalidad laboral según el Ministerio de Trabajo corresponde al 68%, una cifra diferente presenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la que se encuentra en un 59,9%, mientras que para la OIT se ubicó cerca de un 80%. Lo que índica que más de la mitad de los ocupados del país trabajan por su propia cuenta en labores de baja producción económica y sin recibir beneficios como salud y pensiones.
Estas cifras resultan fundamentales en tiempos cercanos a la reforma pensional, puesto que, es necesario enfocarse en la cobertura que está en función de la formalización laboral, uno de los dos pilares en los que esta trabajando el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, junto con la redistribución en los subsidios.
A pesar de las cifras, se pueden ver los esfuerzos del Gobierno que ha querido enfocarse en disminuir la informalidad laboral en el país, no solo con la tan anunciada reforma pensional, que se presentará en marzo, sino con leyes anteriores como la reforma tributaría que disminuye los elevados costos para la formalidad, esto según el Consejo Privado de Competitividad. Puesto que, “las inflexibilidades del mercado laboral dificultan el proceso de cambio estructural. Estas inflexibilidades adicionalmente generan incentivos para que tanto trabajadores como empresas se refugien en la informalidad”.
Costo de empleado aumenta 76,14% respecto al mínimo
El Centro de investigación económica y social (Fedesarrollo) estima que los costos totales para un empleador en Colombia se incrementan en 76,14% con respecto al salario mínimo mensual, por contribuciones a la seguridad social (salud y pensiones) y pagar impuestos a la nómina (parafiscales), es decir, los llamados costos laborales no salariales. Esto significa que la contratación de una persona que gane un salario mínimo mensual legal, $589.500, le cuesta al empleador $1.038.345.
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