Colombia se encuentra como el segundo país de la región que más grava a los licores

La reforma tributaria, que va por $16,3 billones, sigue engavetada en el Congreso. A solo dos meses de que termine 2025, no se conocen los ponentes y en las comisiones económicas no hay señales sobre la reactivación del proceso, así como ocurrió con el trámite presupuestal que concluyó con éxito para el Gobierno Nacional.

Si bien el Gobierno y algunos miembros de las comisiones económicas señalaron que el IVA a la cerveza ya no iría en la ley de financiamiento, el sector licorero alertó que, aunque se retire el impuesto a la cerveza, los licores y los vinos pueden ser susceptibles de ser incluidos en la canasta gravable y enfatizaron que estos productos ya tienen una elevada carga en materia de tributación.

Colombia es el segundo país en las Américas en el que se pagan más impuestos por licores. Surinam se ubica en el primer lugar; el tercero lo ocupa Ecuador. Luego están Belice, República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica, según un estudio de Roche, Sandoval & Monteiro.

La organización señaló que los tributos a los licores han aumentado progresivamente desde los años 90 y que, a la fecha, registran su nivel más alto en la historia. Desde la entrada en vigor de la ley 1816 de 2016, aguardiente, ron, whisky, tequila y vodka pagan un IVA al Gobierno central de 5%, que además está sujeto a otros impuestos que se pagan a los departamentos por concepto de tributos al consumo.

Sin embargo, con la ley de financiamiento, la tarifa del IVA incrementaría de 5% a 19%, lo que equivale a un aumento de 14%.

En materia del impuesto al consumo, habría componentes específicos. Por ejemplo, los licores y aperitivos tendrían un incremento en la tarifa de $342 a $750 por grado de alcohol por cada 750 mililitros.

En los vinos se establecería una tarifa de $231 a $750 por grado de alcohol por cada 750 mililitros. La organización también añadió que existe un componente ad-valorem, cuyo propósito prevé el aumento de la tarifa de 25% a 30% sobre el precio de venta certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad de la EIA, manifestó que un alza en los impuestos de manera selectiva o la creación de cargas adicionales sobre productos legales termina incentivando la informalidad y también el mercado ilegal, lo cual afecta precisamente los ingresos que el Estado busca fortalecer.

Según Restrepo, esto, de manera paradójica, termina castigando la legalidad y premiando la informalidad.

“El impacto no se limita a las cifras. Cada peso adicional de tributación puede traducirse en menor inversión, menos empleo y menor competitividad. Esto no solo golpea a las empresas, sino también a los trabajadores, a las regiones y a las finanzas públicas locales, que dependen en buena parte de los impuestos de esta industria”, señaló el exministro.

Catalina Lasso, directora de Prolicores, afirmó que la reforma tributaria propone aumentar hasta 40% los impuestos a los licores, lo cual, según dijo, amenaza a la industria y también a las familias que dependen de ella. Además, señaló que no solo se afectaría a un rubro específico, sino a toda la cadena, mencionando entre ellas a restaurantes, hoteles, bares y lugares donde se realizan eventos en el país, así como la importación, distribución, logística y comercialización de los productos.

“Encarecer el licor legal no frena el consumo, lo empuja hacia la ilegalidad, donde se pierden empleos y se arriesgan vidas. Actualmente, 22% del licor en Colombia es ilegal. Con esta reforma podría llegar a 50%”, agregó después.

A esto se añade que la rentabilidad del licor adulterado supera 300%, y esto se impulsa por bajos costos de producción, a lo que se agrega que los consumidores no son capaces de distinguir entre un producto legal o ilegal. Incluso se mencionó que la adulteración desplazó al contrabando, porque está dando más utilidad y menores riesgos de pérdida o sanciones.

¿Qué pasaría si no se aprueba la tributaria?

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, manifestó que, en caso de que no pase el proyecto, ocurriría lo mismo que sucedió en 2025: se tendrían que congelar los recursos que estén desfinanciados.

Pero esta vez no sería de $12 billones como ocurrió en 2024, sino por $16,3 billones. A lo que la organización mencionó que el Gobierno comunicó que, de no tener los recursos a través de la tributaria, buscaría una mayor capacidad de endeudamiento, lo cual, según dijo Anif, no es deseable, puesto que puede comprometer a las arcas públicas.