"Colombia paga US$1.500 millones por sobrecostos en proyectos energéticos"

“Como consecuencia de estos retrasos el país no cuenta con 400 megavatios de energía, con costos relativamente bajos, se dejaron de generar más de 5.000 empleos, se dejó de invertir más de mil millones de dólares y la región dejó de beneficiarse con proyectos de vivienda, salud y educación”, señaló Ismael Arenas, presidente de la Conferencia Energética Colombiana (Enercol) 

Para Arenas, los usuarios tendrán que pagar más de US$760 millones por mayores tarifas de energía en los próximos años; por lo cual el país debería resolver de manera integral el proceso de permisos y licencias, ya que es necesario crear un nuevo esquema institucional. 

A su vez, el funcionario agregó que “es imperativo divulgar, informar y concientizar a las comunidades acerca de la importancia y los beneficios de los proyectos energéticos. No tener energía es muy costoso para la sociedad y para el país. Los impactos se pueden mitigar con eficiencia, celeridad y responsabilidad”. 

Según la Aciem, es necesario que se definan procedimientos claros para los censos poblacionales, donde se vayan a realizar proyectos hidroeléctricos, incluyendo una fecha de corte, una metodología, acreditación de entidades que lo pueden realizar, entre otros aspectos para evitar migraciones masivas. 

Por su parte, Aciem, en el marco de la XXXI Conferencia Energética Colombiana, hizo un llamado al Gobierno para superar los obstáculos que afronta este sector. 

1) Un mayor crecimiento del país ha puesto en evidencia la deficiencia del esquema institucional para el manejo de grandes proyectos energéticos. 

2) Se debería crear una “ventanilla única” de licenciamiento ambiental que sirva de único interlocutor a las empresas y que a su vez maneje las relaciones con otros actores. 

3) Las comunidades de las regiones que se afectan por los grandes proyectos, deberían percibir una participación en los beneficios de los mismos para que se constituyan en socios de su desarrollo. 

4) Las convocatorias públicas deberían garantizar un corredor ambiental y socialmente viable para las líneas de transmisión y facilitar a las empresas, procedimientos e instrumentos que les permitan ser muy ágiles en la constitución de las servidumbres requeridas sobre los terrenos para el paso de las líneas. 

Arenas, añadió que “las licencias ambientales y las consultas previas deben ser un elemento de desarrollo nacional y no un freno al progreso y mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”.