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Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI
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El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, señaló que las alertas han sido recibidas por parte de firmas constructoras y consultoras de obra pública
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, señaló que en los últimos meses han recibido varias alertas por parte de firmas constructoras y consultoras de obra pública, relativas a dificultades financieras derivadas del no pago de las actas radicadas ante el Invías.
Caicedo añadió que a la fecha las cuentas por pagar, reflejadas en más de 5.700 actas superan $1 billón y añadió que esa deuda afecta a 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional.
Entre algunos de los proyectos afectados se encuentran la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco-Mocoa (Nariño Putumayo), la vı́a Popayán-Isnos, Popayán-La Plata (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, Conexión Alta Guajira, Curos-Málaga (Santander) y la conectividad Arauca-Casanare, entre otros proyectos.
Caicedo indicó que esas obras se concentran en regiones que requieren de una importante inversión pública y además se constituyen en oportunidades de empleo, generando 336.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
"Estamos hablando de iniciativas neurálgicas cuya inversión asciende a cerca de $13 billones, aprobadas todas ellas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y contenidas dentro de los programas bandera del presidente de la República: ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’, ‘El programa de la red fluvial’ y ‘Colombia Avanza’. De este último programa, vale la pena destacar las vías Matuya-San Cristóbal, Mompox-Pinillos (Bolívar) y Samaniego-La Llanada (Nariño)", mencionó el presidente de la CCI.
Caicedo también mostró su preocupación ya que, con corte a 30 de noviembre del año pasado, y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el presupuesto de inversión del Invías obligado corresponde a 38,7% de lo asignado, "cifra sin precedente en la historia reciente y solo comparable con lo sucedido en 2020 cuando fue declarada la emergencia económica, social y ambiental por la pandemia del covid-19".
"La solución propuesta por la cartera de Hacienda, mediante la realización de pagos mensuales que amortizarían la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2024, necesariamente causará una parálisis de la obra pública, en la medida en que no habría ejecución física de obra en el primer semestre del 2025, dado que no contaría con recurso inmediato para su correspondiente pago", detalló Caicedo.
Desde la CCI resaltaron que en caso de no resolverse esa problemática podría llevar a la quiebra a muchas empresas, en particular a las pequeñas y medianas, además de generar efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico.
"Asimismo, resulta perentorio resolver la problemática evidenciada en 1.100 cuentas, por cerca de $100.000 millones, y cuyos recursos estaban contabilizados en la reserva presupuestal de la vigencia 2023. Teniendo en cuenta que estos no fueron obligados en diciembre de 2024, como es de su conocimiento, en la vigencia fiscal 2025 pasaron a ser “vigencias expiradas”, situación que agrava, en grado sumo, el flujo de caja de los contratistas y consultores de obra pública", indicó Caicedo.
El presidente de la CCI finalizó haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que se adopte un plan de choque para el pago inmediato de lo adeudado con corte a 31 de diciembre de 2024 y se garantice un flujo de caja para las obras que se ejecuten en la presente vigencia.
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