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De acuerdo con el indicador de inseguridad alimentaria, La Guajira fue el departamento donde más personas estaban en grave riesgo para poder acceder a la comida
El Dane actualizó las cifras de inseguridad alimentaria, revelando que al cierre de 2024 la prevalencia fue de 25,5%, lo que se traduce en una leve reducción de 0,6 puntos porcentuales, contrastándolo con el dato del año anterior, 2023.
Cabe destacar que este indicador está categorizado por niveles, por así llamarlo, segmentados en moderado y grave. En la primera categoría el dato cayó 1,7 puntos, pasando de 24,7% a 23%; en la segunda se aumentó 0,2 puntos porcentuales, pasando de 4,8% a 5%. Sobre esto último, llamó la atención el crecimiento de tres puntos porcentuales, en los centros poblados o rural disperso, pasando de 31,2% a 34,2%.
Expresando esto en hogares, que es como la entidad estadística presentó los datos, 18,3 millones de hogares padecieron riesgo de seguridad alimentaria en 2024, lo que resulta paradójico, pues en 2023 eran 17,7 millones los que estaban en este riesgo. Esto quiere decir que 603.000 hogares ingresaron a esta categorización, lo que significa que hay más familias con hambre, siendo contrario a la reducción del indicador, como se señaló anteriormente.
“Es decir, mientras que, por falta de dinero u otros recursos, 26,1 de cada 100 hogares en 2023 disminuyeron la calidad, variedad y cantidad de alimentos a los que accedieron, al menos una vez durante los últimos 12 meses; la proporción disminuyó en 2024 a 25,5 de cada 100 hogares. Esta reducción no es estadísticamente significativa”, explicó el Dane sobre el informe.
Por personas, al cierre del año anterior se calculó que 17,1 millones estuvieron en riesgo moderado de inseguridad alimentaria, mientras que en 2023 habían 17,2 millones, es decir 83.000 personas salieron de esta categoría. Si se pone en comparación frente a 52,3 millones de personas que es el total de la población del país, quiere decir que en 2024, alrededor de 32,8% del país presentó riesgos en el acceso a la alimentación.
Pero, hay que hacer hincapié en los que tienen prevalencia grave, que podría decirse, son los que padecen hambre. En esta categoría hay 2,7 millones de personas, es decir 5,2% del total, y que si se contrasta con el dato de 2023, se nota un incremento de 84.000 personas en el último año, es decir, en el último periodo hubo más gente con hambre.
Por departamentos, La Guajira con 52,4%, Sucre con 49,5% y Córdoba con 47,6% fueron los territorios donde más hubo prevalencia de inseguridad alimentaria moderada.
Pero, si se hace la lectura por diferencia, los departamentos donde más repuntó esta inseguridad fue Chocó, con un incremento de 17,4 puntos porcentuales, seguido por Córdoba con 17 puntos y Vaupés con 11,7 puntos.
“Por el contrario, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave disminuyó en Bogotá y en 14 departamentos, y las diferencias son estadísticamente significativas en 9 de ellos: Cundinamarca, Huila, Valle, Magdalena, Santander, Tolima, Bogotá, Meta y Arauca. La mayor reducción se registró en Arauca, con una caída de 9,9 puntos porcentuales entre 2023 y 2024”, explicaron desde el Dane, que también destacó que la prevalencia disminuyó más en las cabeceras, o ciudades capitales, en comparación con los municipios.
“La mejora de la seguridad alimentaria en América Latina, nos obliga a tener más y mejores mediciones y a garantizar su uso en la toma de decisiones de políticas públicas”.
“Hay que acelerar los cambios de los sistemas agroalimentarios. Los datos nos sirven para lograr los ajustes que nos permitan erradicar el hambre para 2030”.
No obstante, revisando por la prevalencia de inseguridad alimentaria grave, San Andrés fue el departamento donde más creció la incidencia. La prevalencia fue de 12,3%, pero si se hace el comparativo con el dato de 2023, fue el territorio donde más se disparó el hambre, repuntando 9,4 puntos porcentuales; seguido por Córdoba con 9,4% y un incremento de 4,9 puntos porcentuales, y en tercer lugar aparece Nariño con una incidencia de 7,6% y un repunte de 3,8 puntos porcentuales.
Desde la lectura de la prevalencia, La Guajira fue el departamento con la cifra más significativa 15,7%, y en contraste donde menos hay incidencia es en Vichada, 2,7%, pero fue allí donde más cayó la prevalencia, una reducción de 14,1 puntos porcentuales.
Uno de los resultados presentados por el Dane da cuenta de la prevalencia del hambre en los hogares en los que son beneficiarios de subsidios, y se contemplaron ayudas estatales como es el caso de Adulto Mayor, Renta Ciudadana, entre otros.
Según los resultados, los hogares beneficiados con estas ayudas tienen una prevalencia de 40,9%, un repunte de 1,8 puntos porcentuales, en comparación con el dato de 2023, lo que quiere decir que a pesar de las ayudas del gobierno, las familias no mitigan o superan el hambre, y que tomando en cuenta la formulación de la encuesta del Dane, no necesariamente el problema del acceso de alimentos es por falta de dinero.
Si bien en los hogares que no son beneficiados también hubo un pequeño incremento, alcanzando una prevalencia de 23,6% (un aumento de 0,4 puntos porcentuales), es menor en comparación con las familias que si reciben ayuda gubernamental.
“Al comparar esos resultados con los obtenidos en 2023 se observa que en el consolidado del país aumentó la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave entre los beneficiarios de subsidios, resultado atribuible al elevado crecimiento en centros poblados y rural disperso (5 puntos porcentuales), donde también creció el indicador en hogares no beneficiarios de ayudas (todas esas variaciones son estadísticamente significativas)”, explicaron desde la entidad estadística nacional.
En la presentación de los datos, la directora del Dane, Piedad Urdinola, aseguró que estas cifras son claves para entender si el país va encaminado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto, si se está alcanzando lo pactado para la Agenda 2030, que pretende erradicar el hambre a nivel global. “La mejora de la seguridad alimentaria en la región, nos obliga a tener más y mejores mediciones y a garantizar su uso en la toma de decisiones de políticas públicas”, dijo. Desde la FAO dicen que hay que ajustar los sistemas agroalimentarios.
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