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La canciller dijo que pese a que se anunciará el nuevo paquete de medidas la próxima semana, el Gobierno ya ha venido tomando decisiones para tratar de controlar la situación
La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, afirmó que la migración venezolana a las zonas fronterizas del país no es masiva y que el Gobierno Nacional está adelantando un plan de contingencia para afrontar la situación, que será presentado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la próxima semana.
Holguín aseguró que dicho plan incluirá las opiniones de los diferentes gobernadores y alcaldes de las zonas fronterizas, pero que será extendido a todo el territorio nacional. “Entendemos que es una situación importante y que debe ser estudiada desde todos los sectores, no solo desde migración, pero tampoco podemos decir que hay una masiva llegada de venezolanos a Colombia”, agregó.
La canciller dijo que pese a que se anunciará el nuevo paquete de medidas la próxima semana, el Gobierno ya ha venido tomando decisiones para tratar de controlar la situación. “En octubre le extendimos la permanencia a cerca de 200.000 venezolanos que tenían su permanencia de tres meses vencida a dos años, aunque, hay cerca de 60.000 que todavía no se han acercado a la Cancillería para arreglar la situación”, señaló.
En cuanto a la situación laboral de ciudadanos venezolanos, la canciller afirmó que se han sancionado a cerca de 600 empresas por tenerlos en condiciones salariales bajas y no permitidas por la regulación colombiana. “No podemos permitir explotación laboral. Estamos siendo lo más generosos posible con la situación que se presenta en el vecino país, pero también debemos tener orden”, manifestó.
La funcionaria aseguró que se está priorizando la situación de los menores venezolanos, porque “no se puede permitir tener niños en la calle, sin alimento y sin recibir educación”.
Por otro lado, María Ángela Holguín también se refirió a la situación de la religiosa colombiana Gloria Naváez, secuestrada hace un año por un grupo yihadista en Mali y afirmó que el caso está en manos del Ministerio de Defensa. Reafirmó que el grupo terrorista está pidiendo recursos, pero que en estos casos “la mayoría de naciones no acostumbran a dar dinero por la libertad de las personas a terroristas” y por esta razón se adelantan intermediaciones con organizaciones defensoras de derechos humanos.}
La primera ocurrió durante el gobierno de César Gaviria, en 1991, en medio de la transición institucional derivada de la promulgación de la nueva Constitución
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