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La asociación coincide en que se debe ampliar la base de declarantes y contribuyentes del impuesto sobre la renta
A pesar de que ya han sido varias las críticas que se le han hecho al proyecto de ley de solidaridad sostenible, este tiene varios puntos de coincidencia con propuestas que hicieron algunos analistas. De hecho, son más los pros que los contras los que vio la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en el articulado.
En primera instancia, según la asociación, esta es una reforma que no da espera, pues se deben sanear las finanzas del país, además de apoyar a las familias más vulnerables que se vieron afectadas por la pandemia.
“Todos los nuevos recursos que se recauden van a servir para pagar la deuda, pero también para poder continuar y ampliar los programas sociales, por eso es que la reforma tributaria ya no es una alternativa, es una obligación”, dijo Carlos Prada, vicepresidente de Anif.
En específico, la asociación coincide en que existe la necesidad de ampliar la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta. Aunque hay diferencias en los detalles de ambas propuestas, pues Anif propone que se empiece a pagar renta con ingresos brutos de $2,2 millones mensuales con tarifas marginales que irían de 5% a 40%, la asociación afirma que la propuesta del Gobierno hace más progresivo el sistema actual.
“Lo que nosotros necesitamos es llevar a más gente al radar de la Dian para que declare sus ingresos, para que paguen y contribuyan poco, pero que esa contribución sirva para todas las necesidades fiscales del país y que además tengamos un sistema verdaderamente progresivo”, explicó Prada.
En los gravámenes a las personas naturales, Anif considera que la propuesta de gravar las pensiones va en la dirección correcta, pues señalaron que los subsidios que hay hoy a las mesadas son regresivos y se concentran en los deciles más altos de la distribución del ingreso.
Sobre el impuesto temporal y solidario a la riqueza, que es equiparable al del patrimonio, la asociación afirma que los cambios que planteó el Gobierno al establecer tarifas marginales de 0%, 1% y 2% ayudan a mejorar los problemas estructurales del impuesto, aunque criticaron que no se estructurara un sistema de gradientes con el que se amplíe la base de contribuyentes y se cobre sobre cada tramo del patrimonio.
Una propuesta que ha sido controversial es la del IVA, pues varios expertos aseguran que esta afectaría, en mayor medida, a la clase media. Sin embargo, la propuesta de Anif está a lineada con la del Gobierno en el sentido en que ambas recomiendan la eliminación de la categoría de bienes exentos, aunque la propuesta de la asociación es que para 2024 solo existan dos categorías: los bienes gravados con tarifa plena (19%) y los excluidos, pues aseguran que las exenciones y tarifas especiales subsidian el consumo de las clases altas.
“Entonces si el Congreso finalmente resuelve que el camino que se debe corregir es ese, pues entonces tendríamos un Estatuto Tributario más progresivo, más equitativo, recaudaríamos más y de una vez por todas dejaríamos de estar subsidiando a ciertos hogares que tienen esos beneficios, y nos concentraríamos en redistribuir el ingreso”, aseguró Prada.
Por otro lado, en cuanto a los impuestos a las empresas, el Gobierno propuso un esquema de tarifas marginales que empezaría con 24%. Según Anif, esta idea tiene en cuenta las condiciones con las que operan las pequeñas empresas en Colombia.
“Es un tema muy importante y es que las empresas son unos vehículos para poder tener más empleo, para poder generar más ingresos a los hogares. (...) Nos parece muy bien que el Gobierno haya querido diferenciar la tarifa de renta corporativa por tamaño de la empresa de manera marginal”, dijo Prada.
Eso sí, consideran que el descuento de 50% del ICA se debería eliminar para 2023 y que este grave las utilidades y no los ingresos de las empresas.
Ve con buenos ojos las modificaciones que se dan en la regla fiscal
Otro de los cambios que se propusieron en el proyecto de ley es en torno a la regla fiscal que, de ser aprobada la reforma, también establecería un objetivo de deuda pública sobre el Gobierno. Según Anif, este es un cambio positivo en el sentido en que permitiría tener una senda de endeudamiento ajustada a una meta fiscal. “Es muy bueno que se cambien algunas cosas que tienen que ver con las metas de la regla, que se ancle a la deuda y que se incluya toda la información de los gobiernos departamentales y municipales”, dijo Prada.
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