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ECONOMÍA

Cálculo que determinó valor de las multas no puede ser defensa para los azucareros

viernes, 9 de octubre de 2015
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Paula Delgado

José Miguel de la Calle, quien fue cabeza principal de la entidad en el pasado, manifestó que el debate no se puede darse en torno al dinero sino a la gravedad de la infracción. “La Superintendencia es juiciosa en hacer un análisis de los ingresos o el patrimonio de las empresas, y no creo que sean excesivas o salidas de tono dado que se trata de grandes compañías”.

Es como si un mensajero con que tiene un salario mínimo y cometiera una infracción de tránsito cuya multa sumara $350.000 se negara a pagarla porque es 50% de sus ingresos. El punto real es que cometió la infracción.

Si se tienen como base los resultados financieros de los ingenios en 2014, se encuentra que la sanción a Riopaila Castilla equivale a 5,4% de sus ingresos, pero a 464% de sus utilidades.

Un experto en derecho de competencia consultado por LR que pidió la reserva de su nombre aseguró que el debate no se debe centrar en si las multas son altas o no mientras no se analice primero la fórmula en que se llegó a ellas. Si bien el exfuncionario de la SIC se mostró de acuerdo con que las entidades de control opten por sanciones millonarias (cuando haya lugar), advirtió que no se puede tomar como único criterio los ingresos. “Eso es medir a todo el mundo con la misma vara”.

De hecho, el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 señala que para graduar una multa en pro de la protección a la competencia se deben tener en cuenta siete criterios entre los que están el grado de participación del implicado, su participación en el mercado y su patrimonio.

Pablo Cáceres, representante de Asocaña, expresidente de la Corte Suprema y exmagistrado del Consejero de Estado, negó que el gremio de azucareros hubiera bloqueado una importación proveniente de Costa Rica, como revela la Superintendencia.

Respecto a la pena económica, el abogado reclamó que cualquier cobro resulta desproporcionado para un hecho que no existió “más si son $300.000 millones, salta al ojo la megalomanía de un funcionario que cree que los ingenios son algo maligno porque obedece a la estrategia de las multinacionales que quieren traer azúcar barata”.

“La multa debe tener relación con la contabilidad de las empresas. Semejante cantidad no puede imponerla ni un juez ni la Corte, sino este ‘emperadorcito’”, dijo Cáceres en relación a la decisión de Robledo.

Procaña emitió un comunicado en el que dijo que aunque respeta la decisión de los entes de control espera que los recursos de reposición “permitan que los implicados puedan desvirtuar los elementos que motivaron al superintendente a emitir tan desproporcionada sanción, que pondría en grave riesgo la estabilidad del sector y la economía de 47 municipios en cinco departamentos”.

La Andi hizo un llamado a revisar procedimientos de investigación, debido proceso y apelación con que cuentan las empresas y personas asociadas a este tipo de investigaciones. También se mostró preocupada por el hecho de que las sanciones pueden llegar a sobrepasar 100% de las utilidades.

“Más allá de la culpabilidad o no de los implicados el análisis del monto y magnitud de las sanciones pueden incluso llegar a afectar la viabilidad del sector, vital generador de empleos en la región del Valle del Cauca”, declaró el gremio.

El abogado del Ingenio San Carlos, Andrés Fernández de Soto, calculó que la firma debería trabajar por lo menos tres años solo para poder pagar la sanción. “El análisis de la SIC es totalmente equivocado, están condenando hasta cinco veces el patrimonio de los ingenios y las sanciones no se pagan con esos dineros sino con la liquidez, lo que pone en riesgo el futuro sobre todo de los ingenios pequeños”.

A qué equivalen las sanciones a los ingenios
Riopaila Castilla le aseguró a LR que desconoce bajo qué criterios la SIC determinó la cuantía de las multas y advirtió que los $40.000 millones que se le cobran pagan el sueldo de cinco meses de más de 4.000 empleados directos (la nómina en 2014 fue de $84.000 millones). También dijo que la cifra representa la inversión social de la compañía en los próximos 10 años en 35 municipios. Además negó que nunca ha acordado restringir las importaciones de forma ilegal. Por su parte, Jairo Rubio, apoderado del Ingenio Carmelita, aseveró que su defendido no participó en ninguna práctica concertada con los demás ingenios por lo que espera les revoquen la medida.

Las opiniones

Jairo Rubio Escobar
Exsuperintendente de Industria y Comercio
“Me preocupa que la SIC no tuvo en cuenta la conducta procesal de los investigados, para el superintendente la participación de todos fue la misma”.

José Miguel de la Calle
Exsuperintendente de Industria y Comercio
“El debate antes que el valor de las multas debería ser sobre la gravedad de la infracción que está dentro de las más graves que hay en el derecho a la competencia”.

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