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"Hay menos recursos para estimular la economía, aunque se mantiene la responsabilidad fiscal", señalaron algunos expertos.
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Expertos y gremios señalaron que estas recortes en gastos de inversión tendrán un impacto en el crecimiento económico y la reactivación
El 29 de julio el Gobierno radicó el Presupuesto General de la Nación de 2025. La radicación del documento la hizo el viceministerio técnico de Hacienda. Del monto total de $523 billones, se destinarán cerca de $327,9 billones para funcionamiento y $88,4 billones para inversión.
Lo anterior representa una caída de 17,40% en los gastos de inversión; en consecuencia, varios expertos y gremios han señalado que estas son noticias que tendrán un impacto en el crecimiento económico.
En primer lugar, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, afirmó que “esto genera una gran preocupación, porque este es el instrumento natural para reactivar la economía. Además, en los dos últimos años los gastos de funcionamiento han crecido 50%, y con el aumento previsto de este año sería un aumento de casi 60%; en otras cifras esto es un aumento de más de $100 billones. Lo que debe hacer el Gobierno es ahorrar en gasto de funcionamiento.
Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank, mencionó que el Presupuesto General de la Nación es rígido. “Existen muchos gastos que son poco negociables, como los corrientes, sueldos y salarios, y otros similares. Adicionalmente, está el gasto del servicio de la deuda, que implica pagar los intereses y el capital de la deuda que hay tanto con acreedores domésticos como del exterior”, afirmó.
Lo anterior conlleva que, dado que estos gastos son inflexibles anualmente, lo único moderadamente adaptable son los gastos de inversión, mencionó el analista. Luego, agregó que, "a medida que el Gobierno percibe que la recaudación y el crecimiento económico no son tan óptimos, procede a disminuir esos gastos".
Finalmente, Olarte concluyó que, "esta disminución es necesaria para cumplir con el pago de la deuda y los sueldos y salarios, lo cual es una obligación fiscal. Si bien esto es positivo desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, lo negativo es que no hay posibilidad de realizar gasto anticíclico. Hay menos recursos disponibles para estimular la economía, aunque se mantiene la responsabilidad fiscal”.
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