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Para el próximo 24 de julio quedó fijada la audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
La investidura del burgomaestre fue demandada por el concejal de Bogotá, Orlando Parado, por haberse posesionado como senador pese haber sido condenado penalmente en 1985 a un año y medio de cárcel por le delito de porte ilegal de armas cuando militaba en la guerrilla del M-19.
Petro ha argumentado como defensa que las negociaciones que derivaron en la amnistía del M-19 y su desmovilización, significan el perdón judicial de los crímenes que se les imputaban a los exguerrilleros.
En este caso, se argumenta además que en le proceso contra Petro hubo amenazas y torturas y, además, se señala que al parecer no existen registros en papel del proceso contra Petro. De prosperar esta acción, Petro no solo perdería su cargo como alcalde de Bogotá, sino que sería inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular.
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Según la Andi, una jornada de esta magnitud tendría un impacto semanal de $85.000. Fenalco expresó que sectores como turismo y comercio serían los afectados