Así ha avanzado el debate para definir el futuro del fracking en Colombia

Hoy el Consejo de Estado responderá a un recurso de súplica que interpuso el Gobierno a la medida cautelar que adoptó el alto tribunal en noviembre pasado, cuando suspendió provisionalmente las normas que permitían el fracking en el país. En caso de aceptar el recurso, se daría paso a los pilotos y a la eventual implementación de fracking en Colombia.

Este debate se abrió el año pasado. El Gobierno había fijado los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales con fracking por medio del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, normativa que fue suspendida por el Consejo de Estado, en el marco de una demanda de nulidad simple presentada por el Grupo de Litigio Estratégico e Interés Público de la U. del Norte, tras considerar la posibilidad de un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana por la aplicación de este método.

Cinco días después de esta determinación, el Gobierno presentó el recuso de súplica y argumentó que, a través de una comisión de expertos, que había sido creada días antes del fallo del Consejo de Estado, se estaba trabajando en responder a las inquietudes con relación al tema.

Esta comisión presentó sus recomendaciones en febrero de este año y determinó que, cumpliendo varias condiciones ambientales, sociales y económicas se puede avanzar con proyectos integrales de investigación de esta técnica. El Gobierno anunció en mayo que se acogería a ellas.

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En abril, por otro lado, la Contraloría también se sumó al debate del fracking, y presentó un documento técnico en el que señala la falta de un marco regulatorio apropiado para el país.

Pero un nuevo capítulo en el proceso se abrió el 7 de junio, cuando el Consejo pidió otra comisión de expertos a la U. Nacional, para elaborar un dictamen que resuelva dudas relacionadas con los posibles riesgos para el ambiente, la salud, el proceso y la técnica en el país. Dicha comisión tendría tres meses para presentar su análisis.

Desde el Grupo de Litigio de la U. del Norte, se destacó que, en caso de que el Consejo levante la suspensión provisional, implicaría “el muy seguro otorgamiento de las licencias para la realización de las explotaciones por medio de la técnica con las posibles consecuencias ambientales desfavorables que eso implicaría en los ecosistemas acuíferos”, por la cantidad de productos químicos utilizados y la presión aplicada sobre los yacimientos.
Marcela Bayona, socia de M&M Abogados Especializados, destacó que la decisión del Consejo se dio en medio de un principio de precaución, en el que se debe constatar que existan peligros de daño, que este sea grave o irreversible, que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta, o que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. Sin embargo, la abogada sostiene que “cada vez se pronuncian más con miedo que con rigor científico”.