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Así es la reforma parcial a la Ley 30 de Educación
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Es la segunda iniciativa del Gobierno, luego de la ley estatutaria que se cayó en la pasada legislatura. Aún no tiene aval fiscal
El Ministerio de Educación radicó este martes la reforma parcial a la Ley 30 de del sector, que busca modificar el esquema de financiación del mismo.
El proyecto de ley busca modificar los artículos 86 y 87 de esta norma en cuanto a "lo referente al financiamiento de las universidades públicas, las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, y de los establecimientos públicos del orden territorial".
Esta será la segunda iniciativa reformista de la cartera, luego de que en la pasada legislatura se hundiera la propuesta de ley estatutaria del sector.
"Este es el punto inicial para la reforma plena del sector", aseguró el ministro Daniel Rojas en el marco de la radicación del proyecto.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y coautora del proyecto, dijo que esta propuesta de ley es “lo mínimo” que el Gobierno puede garantizar.
El texto radicado solo cuenta con ocho artículos y la mayoría son de protocolo. Por lo tanto, desde la entidad de educación esperan que tenga un proceso de debate ágil en su tránsito legislativo.
Vale la pena recordar que en la actualidad, el modelo de financiación se basa en aportes estatalesque se ajustan anualmente por el Índice de Precios al Consumidor, IPC, actualmente medido por el Dane.
“Este esquema no tiene en cuenta el aumento real de cobertura del sistema, el mejoramiento de la calidad, ni el incremento de los costos asociados a la prestación del servicio educativo a través del tiempo”, aseguró el Ministerio de Educación en un informe.
Con la reforma, se plantea el uso del Índice de Costos de la Educación Superior, Ices, de las IES estatales y oficiales, que ya se calcula por la oficina estadística, pero no se emplea.
Según cálculos presentados en la sustentación del documento por parte de la oficina de Pedraza, el Ices fue de 11,6% el año pasado, mientras que la inflación fue de 9,28%, lo cual dejó una diferencia por 2,32 puntos porcentuales para la vigencia.
Para este y el próximo año, la diferencia entre ambos sería de un aproximado de 2,54 puntos porcentuales.
En caso de que el dato del índice sea inferior al IPC, “el aumento de los aportes de Presupuesto General de la Nación se ajustará con base en la variación del IPC”, puntualizó el texto.
El otro punto que busca reformar el proyecto es el artículo 87 de la Ley 30, para ampliar los recursos de inversión en las entidades públicas. Estos pasarían de 30% de incremento anual real del PIB a 70% del mismo.
En caso de que el Producto Interno Bruto registre números negativos en un año, estos aportes se calcularán tomando en cuenta el último dato positivo.
Otra propuesta es que la Nación incorporará recursos del Presupuesto General equivalentes a 0,07% del PIB del año anterior para calcular la tarifa base presupuestal de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, “incluidas aquellas que son establecimientos públicos del orden territorial cuya norma de creación no vincula a la Nación”, según estipuló la norma.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que ya están en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para garantizar el aval fiscal del proyecto, el cual será presentado en cualquier momento de la discusión de la iniciativa, según se estipuló en la norma radicada.
El texto se debatirá en cuatro oportunidades, comenzando por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y luego pasará a plenaria. El titular de la cartera educativa mencionó que, en el largo plazo, se espera aumentar la contribución del Gobierno a la educación pública comprometiendo entre 1% y 1,2% del PIB, para equipararse con el promedio de la Ocde.
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