Antioquia le declara la guerra a la minería ilegal

La tradición minera del departamento de Antioquia ha permitido que el sector sea una de las principales fuentes financieras de la región.

Pero hay un flagelo que atenta contra el desarrollo: los ataques de grupos ilegales que quieren explotar las zonas donde se encuentran los yacimientos.

Y es que se han registrado durante este año más de 280 muertes violentas por el control de la minería ilegal, ya que existen grupos como los Rastrojos y los Urabeños, quienes financian en parte sus actividades terroristas con el desarrollo de la minería ilegal.

Con esta problemática el gobierno antioqueño ha venido trabajando ya que es consiente de que el sector es uno de los que más aporta a sus finanzas. “La minería es clave para el desarrollo de Antioquia. Pero es necesario ponerla en orden, para ello trabajamos en tres aspectos: en mejorar las condiciones socioeconómicas de la región, en poner serias políticas ambientales y en combatir la inseguridad”, afirmó el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

Y es que el problema, según el funcionario, es que gran parte del territorio antioqueño está solicitado o cuenta con título minero y debido a ello la problemática crece. “No se puede permitir que más del 70% de las tierras se encuentren solicitadas o tituladas para este sector”, dijo Fajardo.

Hacer presencia con todas las autoridades se dificulta cuando hay que estar pendiente de los 1.462 títulos que existen y sobre las 1.325 solicitudes que están represadas.

En sí, el Gobernador ha decidido que para mejorar las condiciones socioeconómicas es necesario establecer la delimitación de cada uno de los contratos. “Estas no deberían exceder de más de 3.000 hectáreas. Para exploración sería necesario solo habilitar 1.000 hectáreas por solicitud y un tiempo máximo de cuatro años”, aseguró. Adicional a ello, se trabajará en armonizar los usos del suelo con el subsuelo al momento de otorgar un título.

Para mejorar la seguridad, se han desplegado los esfuerzos en reducir el microtráfico y el narcotráfico, evitando que los grupos armados controlen la totalidad del negocio. La extorsión, la criminalidad y la informalidad también están siendo combatidas. Por ello, según Fajardo, el trabajo con el Estado ha sido fundamental para garantizar más presencia militar en el departamento.

El tema ambiental es otra de las preocupaciones del gobierno antioqueño. La actividad minera destrucción ambiental a través de contaminación y pérdida de la biodiversidad. “Por ello promovemos una protección sobre las zonas mineras y exigimos a las empresas una mejor actividad”, puntualizó el gobernador.