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Recuperar gasoducto Antonio Ricaurte con Venezuela tomará dos años y US$30 millones
Analistas del sector advierten que la inversión debe correr por cuenta de la petrolera venezolana, quien es la dueña de la infraestructura de transporte de gas
En medio de una mayor dependencia de las importaciones, ante la menor producción nacional de gas, el Gobierno busca ampliar la oferta gasífera del país. Para ello, contempla reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte entre Colombia y Venezuela, mientras se incorporan los recursos del proyecto offshore Sirius.
Sin embargo, para concretar esta idea, el Gobierno deberá enfrentar varios obstáculos. Entre ellos, la recuperación de la infraestructura de transporte, cuya habilitación costaría cerca de US$30 millones y tomaría hasta dos años, según el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta. También está la sanción del gobierno de Estados Unidos contra la petrolera venezolana Pdvsa, que limita la comercialización de gas con Ecopetrol.
La propuesta de restablecer el intercambio energético surge en medio de un nuevo capítulo en las relaciones con Venezuela y su interacción con Estados Unidos, que ha facilitado los acercamientos entre los países sudamericanos. De acuerdo con Edwin Palma, ministro de Hacienda, reactivar la infraestructura de transporte de gas permitiría incorporar 500 millones de pies cúbicos a la oferta nacional.
Sin embargo, retomar las ventas de gas desde Venezuela implica poner nuevamente en funcionamiento un ducto que no se utiliza desde hace una década. El gasoducto Antonio Ricaurte fue construido en 2007 y hasta 2015 sirvió para que Colombia le vendiera gas al país vecino. “Pero Venezuela nunca cumplió con su parte después de 2016”, explicó Sergio Cabrales, analista del sector minero-energético y profesor de la Universidad de los Andes.
Desde entonces el gasoducto ha permanecido inactivo y cualquier posibilidad de reactivación se complicó cuando, el 28 de enero de 2019, la Pdvsa fue incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
A esto se suma que la propia Pdvsa ha advertido que busca dar por terminado el acuerdo que mantiene con Ecopetrol para venderle gas a Colombia “por las condiciones comerciales que hoy no permiten recuperar las inversiones necesarias para rehabilitar el gasoducto”, según Palma.
“El Gobierno tiene la voluntad política de restablecer la cooperación energética con Venezuela y avanzar en soluciones que fortalezcan el abastecimiento de gas para el país. Estamos trabajando con el sector ambiental y las autoridades técnicas para reactivar la licencia y permitir la sustitución del tramo de tubería que nos permita traer la molécula de gas desde Venezuela”, añadió el ministro.
Colombia y Venezuela no descartan retomar el intercambio energético. De hecho, las carteras de energía de ambos países avanzan en una hoja de ruta para restaurar cinco de los 225 kilómetros del gasoducto. Como lo mencionó el exministro Acosta, reparar este tramo costaría hasta US$30 millones y tomaría entre 18 y 24 meses.
“Pdvsa es quien debe hacer esa inversión en la infraestructura. A pesar de que Ecopetrol tenga el interés, no puede invertir en activos que no son de su propiedad”.
“El Antonio Ricaurte fue construido en 2007 y hasta 2015 sirvió para que Colombia vendiera gas al país vecino, pero este no cumplió con su parte después de 2016”.
Al respecto, el también exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, explicó que la responsabilidad de las adecuaciones del gasoducto recae sobre la estatal venezolana, al tratarse de una infraestructura de su propiedad. “Pdvsa es quien debe hacer esa inversión. A pesar de que Ecopetrol tenga el interés, no puede invertir en activos que no son de su propiedad”, señaló.
Pero incluso si se logra restaurar la infraestructura, Colombia enfrentaría un segundo obstáculo: la imposibilidad de importar gas desde Venezuela debido a las sanciones impuestas a Pdvsa por parte de la Ofac. Desde 2019, la estatal venezolana fue incluida en la llamada lista Clinton, lo que bloqueó la posibilidad de realizar operaciones de compra o venta de hidrocarburos con empresas petroleras públicas y privadas.
Sin embargo, la reconfiguración del escenario político en Venezuela, así como el interés de Estados Unidos en los recursos energéticos del país sudamericano, abre la puerta a un eventual levantamiento de las sanciones sobre la petrolera.
Los primeros pasos en esa dirección ya se dieron. A mediados de febrero, la Ofac concedió la licencia 50A a Pdvsa para la comercialización de hidrocarburos con Chevron, Eni, Maurel Et Prom, Repsol y Shell.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, señaló durante la presentación de los resultados financieros de 2025 que el Gobierno colombiano ya adelanta conversaciones con su contraparte estadounidense para levantar una sanción específica que permita a la estatal importar gas venezolano.
De acuerdo con las condiciones establecidas por Estados Unidos, cualquier reactivación de la importación de gas desde Venezuela deberá incluir información detallada sobre las partes involucradas, la descripción de las transacciones, así como las cantidades, valores y fechas.
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