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Con un plan de choque para la política industrial, el Consejo Superior del Comercio Exterior (CSCE), aprobó por consenso un plan de medidas de choque que buscan acabar con el comercio delictivo y el contrabando.
Para esta tarea se desembolsarán $1,35 billones para el fortalecimiento del aparato productivo del país, $60.000 millones para financiar proyectos de mejora del impacto ambiental empresarial, $9,6 billones en créditos del Fondo Nacional de Garantías y $1,06 billones para comercio exterior con recursos de Bancóldex.
La estrategia abarca 30 actividades, las cuales fueron presentadas por la DIAN y preparadas por el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Según el Ministerio, el CSCE recomendó implementar cuanto estas medidas y poder así dar golpes contundentes al comercio delictivo. Esto, afirmó, es una prioridad de interés nacional.
También los miembros del CSCE se comprometieron a radicar antes del 15 de abril de 2013 el Proyecto de Ley Contra el Comercio Delictivo y el Contrabando en el Congreso de la República, el cual debe incluir una revisión de los tipos penales existentes. Esta iniciativa propone otorgar facultades de policía judicial a la DIAN y asignar la competencia de los casos de contrabando a jueces especializados.
Igualmente, en el proyecto se plantea crear normas que faciliten intercambio de información y colaboración entre países, al igual que medidas que permitan el decomiso automático de vehículos usados en actividades de contrabando.
Para el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, una de las iniciativas más importantes que favorece los intereses del sector productivo nacional, está relacionada con el incremento de los operativos de vigilancia y control sobre las empresas identificadas como de alto riesgo para los sectores del PTP. Esta labor será coordinada por la referida instancia del MinCIT.
Adicionalmente, los miembros del CSCE acordaron suscribir protocolos de cooperación interinstitucional que faciliten el traslado de pruebas, el intercambio de información y la realización de actividades coordinadas y simultáneas de inspección, vigilancia y control a empresas y establecimientos de alto riesgo.
El paquete de acciones contempla la ampliación de la competencia de la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero (UIAF), para que desarrolle actividades de análisis de información de conductas de contrabando que puedan estar relacionadas con lavado de activos.
La entidad explicó que el objetivo es que la hidroeléctrica pueda implementar las acciones relacionadas con el aprovechamiento forestal del vaso del embalse
Aunque el proyecto aprovechará la infraestructura existente, se contempla inversión de US$80 millones a cargo de Frontera Energy
Las declaraciones generaron una rápida respuesta del ministro Palma, quien asumió la responsabilidad política de la subasta y defendió sus resultados
