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Lo que se sabe de las normas APPA
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Martha Carvajalino compareció ante la Corte Constitucional, y dijo que estas zonas garantizan la seguridad, la autonomía y la soberanía alimentaria
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, atendió la citación de la Corte Constitucional para defender las Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos, Appa, que se decretó que el artículo 32 parcial de la ley 2294 del 2023. El motivo de la citación, fue una demanda que recibió el alto tribunal sobre este artículo que plantea que "la inclusión de la Appa como determinantes del ordenamiento territorial viola la autonomía de las entidades territoriales y de forma particular las competencias de los consejos municipales para la definición de los usos del suelo prevista en el artículo 313.7 de la constitución".
Algunos de los puntos contra esta ley fueron que estas zonas se imponen desde el nivel central y no consideran las particularidades, necesidades y preferencias de los territorios; además se denunció que la constitución de estas zonas no cuenta con un procedimiento reglado en la ley y no está precedida a escenarios de participación efectiva por parte de las entidades territoriales y comunidades.
Carvajalino señaló que estas zonas "garantizan la seguridad, la autonomía y la soberanía alimentaria, y protege los suelos de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria".
Agregó que "estas áreas se integran en su condición de determinante del ordenamiento a los ordenamientos territoriales bajo los principios de concurrencia, de coordinación y de subsidiariedad, de conformidad con lo establecida la ley y de conformidad con los procedimientos para ello establecido".
Sobre el suelo, Carvajalino destacó que 70% de los alimentos están ligados a comunidades locales, agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, 95% de los alimentos que se consumen en la humanidad dependen de las tierras cultivadas. Y destacó que se prevé que 50 a 700 millones de personas en el mundo se vean obligadas en los próximos años a migrar, a desplazarse debido a la degradación de tierras.
Carvajalino también señaló que la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Desertificación, que realizó en Colombia en junio del 2017, calculó que en 2050, al menos 90% de los suelos pueden estar degradados.
"Recuperar un centímetro de tierra de suelo nos puede costar de 100 hasta 1.000 años", concluyó. Según la ministra, actualmente 40% del territorio nacional de nuestros suelos tiene algún grado de degradación, es decir que 60% de los municipios colombianos reportan degradación del suelo agrícola y se pierden aproximadamente 200 millones de toneladas de suelo fértil en el año, según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
La ministra ilustró que el país ya no cuenta con suelos clase agrológica 1, y los suelos clase agrológica 2, los segundos más importantes por su integridad y por su capacidad productiva, pasaron de 690.000 en 2012 a 480.000 hectáreas en 2024. "En 50 años perdimos 50% de los suelos clase agrológica 2, en los últimos 12 años más de la mitad de ellas", dijo.
Por ejemplo, en el caso de la sabana de Bogotá, la huella urbana ha hecho perder la mayor capacidad de los suelos productivos y, según la ministra, 84% de esa huella obedece a transformaciones de actividades económicas se ha hecho sobre los mejores suelos.
Las zonas no son elegidas al azar, pues Carvajalino afirmó que son elegidas porque "tienen un antecedente y una apuesta robusta e histórica en el ordenamiento jurídico".
Desde el Código de Recursos Naturales, la Ley 12 sobre Reservas Agrícolas, el Régimen Municipal, la Ley 101 sobre las actividades pecuarias, forestales, pesqueras, la Ley de Reforma Agraria, entre otras normativas mencionadas por la Ministra serían el marco que permite elegir las Appa.
"El suelo es un bien jurídico protegido desde el año 1974. El código de recursos naturales establece que el suelo debe usarse de conformidad con sus factores constitutivos estamos hablando de una norma de 1974 que se deben clasificar los suelos y se debe establecer su uso potencial", puntualizó.
Actualmente, solo hay dos Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos. Según explicó la ministra, una es Sopó, con 1.951 hectáreas, que corresponden a 17% del municipio, bajo el argumento de que la zona tiene mejores y más fértiles suelos del país.
La segunda es La Guajira, por ser una zona necesaria para recuperar la producción agropecuaria y la alimentación de una zona de alta deficiencia nutricional. Según el ministerio, 21,35% del departamento fue declarado área para la producción de alimentos.
"Estas áreas se articulan con las áreas que definen para la producción agropecuaria las zonas de reserva campesina, que establecen allí, como las tenemos, 22 zonas de reserva campesina que las comunidades, en su plan de desarrollo sostenible, han organizado para la producción de alimentos", aclaró Carvajalino.
En la intervención se aclaró que las áreas de especial protección para la producción de alimentos no afectarán la propiedad privada, no muta condición alguna en relación con los propietarios y sus predios.
También puntualizó que "no es cierto que nosotros tengamos alguna medida de expropiación o de avance a la modificación distintas a las establecidas en la Ley 160 que venimos adelantando". Así como, según ella, estas áreas no definen los cultivos, solo se garantizaría que los suelos tiene la capacidad para garantizar la soberanía de Colombia.
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