ANM analizará acción judicial contra decisión de la Corte sobre minería

“Hay cierta preocupación porque lo que vemos es que en el marco de una acción de tutela, la Corte Constitucional está resolviendo asignar una competencia cuando lo que se buscaba con esa acción era la garantía de un derecho de participación ciudadana. En cambio la Corte resuelve asignar una competencia a los entes territoriales de prohibir la actividad minera. Y ¿por qué preocupación? Porque como lo ha venido diciendo la Corte, incluso en un fallo de este año, este tipo de asignación tiene que hacerse a través de una Ley, en este caso una ley orgánica”, explicó Habib.

Según señaló la Entidad esto se requiere ya que el caso implica un cambio de la Corte sobre las competencias sobre el suelo y el subsuelo, los cuales ya estaban definidos. Sobre el primero regían los entes territoriales y sobre el segundo El estado, administrado por la rama ejecutiva.

“Leyendo el borrador y como cualquier decisión judicial analizaremos si podemos interponer alguna acción para que la Corte tenga en cuenta los argumentos que he manifestado y es que en este caso para hacer primar una competencia sobre otra tiene que hacerse por ley orgánica. Además queremos entender si la Corte sigue manteniendo la posición de hacer concurrir las competencias”, concluyó Habib Daza.

Sin embargo, la Entidad aclaró que son respetuosos de las decisiones judiciales que en el pasado se han visto como una oportunidad ya que uno de los objetivos de la Agencia es legitimar el sector.

Frente a la inversión extranjera el director de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, ha señalado que se requiere estabilidad jurídica, más en este momento cuando entre 2010 y 2016, “tres de cada cuatro fallos de las Cortes han representado decisiones adversas para la industria”.

Por su parte, Luis Fernando Murillo, ministro de Ambiente dijo que se acata "el fallo como debe ser, sin embargo, me parece que no es conveniente que se deje esta responsabilidad tan difusa, yo creo que en términos de la política minera que se ha definido, el sector ha hecho los estudios ambientales del caso. Si esta sentencia plantea que debemos crear este comité que se encargue de gerenciar la elaboración de un estudio nacional de fondo de los impactos, así lo haremos obviamente, pero sí consideramos que en este momento una decisión jurídica de esta naturaleza genera demasiada incertidumbre”.