MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Las licencias fueron solicitadas por la empresa ConocoPhillips.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), archivó las solicitudes de licencia ambiental de los proyectos pilotos de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, conocido como fracking, en los proyectos Ape Piranga y Ape Plata localizados en el Magdalena Medio.
Las licencias, solicitadas por la empresa ConocoPhillips, corresponden a los bloques VMM2 y VMM3, con incidencia en los municipios de San Martín, Aguachica, Río de Oro y Gamarra, en el Cesar, y Puerto Wilches, en Santander.
Según la entidad, el archivo de las mismas obedeció a que los estudios de impacto ambiental y la información adicional suministrada por las solicitantes “no satisfacen lo requerido por esta Autoridad Nacional, por que no cumplen con los términos de referencia para la actividad de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.
La Anla agregó que la información “es insuficiente para realizar una evaluación adecuada, en aspectos tales como manejo y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia”.
La entidad consideró que para tomar una decisión sobre fracking “es muy importante tener un panorama más amplio sobre el adecuado manejo ambiental que se dé durante la realización de esta actividad, de manera que se garantice un adecuado uso de los recursos sin afectaciones al medio ambiente”.
En el auto 6445 del 23 de octubre de 2018 la Anla dispuso ordenar el archivo del trámite administrativo para el otorgamiento de la licencia y ordenar la devolución de la totalidad de la documentación presentada para la solicitud de la licencia. La decisión tiene recurso de reposición.
Pese a los retos que enfrenta el sector vivienda en este momento, Camacol reveló que, para el próximo año, la actividad crecería entre 5% y 12%
Mediante el Auto 007 del 23 de enero de 2025, el alto tribunal declaró la insuficiencia de la UPC fijada para 2024 y, además, ordenó crear un mecanismo para reajustarla
La Andi proyecta que, al cierre de este año, la siniestralidad alcanzará 105,9%, lo que implica que, de cada $100 que ingresan a las EPS, estas gastan casi $106 solo en atenciones