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vía Mulaló - Loboguerro
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Covimar y la entidad están desarrollando mesas de diálogo, pues el concesionario considera que hay que replantear condiciones
En un nuevo capítulo del proyecto Mulaló - Loboguerrero, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Nueva Vía al Mar (Covimar) anunciaron que están buscando un acuerdo para iniciar la ejecución del proyecto, en estos espacios participan el ministro de Transporte, William Camargo, y la presidente de la ANI, Carolina Barbanti.
El tribunal había establecido el 9 de junio como la fecha de iniciación de la construcción, pero según el comunicado oficial de la ANI "desde el Ministerio de Transporte y la ANI se ha avanzado en espacios de diálogo con Covimar para llegar a un acuerdo frente a la fecha e iniciar sin inconvenientes esta obra estratégica para el departamento del Valle del Cauca y el Pacífico colombiano".
La ANI también destacó que para la entidad se cumplen todas las condiciones contractuales, pero para Covimar el tiempo y el contexto han cambiado condiciones y requieren ser replanteadas.
"Por eso, con el objetivo de salvaguardar el proyecto y reconociendo la necesidad de avanzar pronto en uno de los corredores viales estratégicos para la región, desde el Gobierno nacional se reconocerá siempre el diálogo entre ambas partes, para lograr los objetivos de país".
#InformaciónImportante🚨La #ANI y COVIMAR buscan acuerdo para iniciar la ejecución del proyecto Mulaló - Loboguerrero🛣️, tras el fallo del Tribunal de Arbitramento, donde se declaró la continuidad del contrato👷🏻♂️. pic.twitter.com/MYeG51eaaB
— Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) June 7, 2023
La vía Mulaló – Loboguerrero es uno de los proyectos de conectividad más importantes del país al beneficiar el desarrollo del Pacífico colombiano; la zona concentra por lo menos 20% del PIB nacional.
La obra cuenta con una inversión de $2,5 billones e impactará a 37.259 personas en la zona, además de dinamizar la economía de la región con la proyección de generar 2.000 empleos directos e indirectos.
Con la obra en funcionamiento, se proyecta que la movilidad para el transporte de carga que va hacia los puertos del Pacífico se reduzca en una hora.
En 2021, Covimar demandó a la ANI "para declarar la terminación anticipada del contrato por aparentes demoras en la expedición de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)", según indica el comunicado oficial.
Según los argumentos de la ANI, teniendo en cuenta que en agosto de 2021 la licencia ambiental fue emitida por la ANLA cumplió todas las condiciones contractuales para iniciar la fase de construcción.
El tribunal rechazó la totalidad de las pretensiones de Covimar, que pretendían un monto de más de $640.000 millones. Además, falló en favor de la ANI e impuso la fecha del 9 de junio para iniciar la ejecución del proyecto.
Entonces, la sentencia definió que el proyecto debe continuar su fase de construcción y condenó a Covimar a pagarle a la ANI $1.054 millones para cubrir los costos generados por el proceso.
Luego del fallo del tribunal de arbitramiento, el concesionario señaló que desde el primer trimestre de 2022, Covimar manifestó a la ANI la disposición para alcanzar los acuerdos necesarios con los que, después de siete años de parálisis, se reactivara la obra.
De acuerdo con Covimar, aunque el tribunal de arbitramento no declaró la terminación del contrato, "existen condiciones que afectan gravemente el equilibrio económico del mismo". Por ello, el concesionario está a la espera de una reunión con la ANI para analizar cuatro temas en específico.
El primero tiene que ver con la pérdida de valor de las vigencias futuras aportadas por la ANI para la ejecución del proyecto; además de la no remuneración correspondiente a los derechos de recaudo de peaje en los años ocho y 13, contados desde la firma del contrato.
También está el alza en los costos de construcción y operación del proyecto, "tal como fue definido por una firma técnica e independiente escogida por la ANI y Covimar, está muy por encima de los incrementos normales generados por la inflación".
Y las condiciones financieras de acceso y remuneración de crédito actuales, que son sustancialmente diferentes a las del momento en que se adjudicó esta licitación, en 2014.
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