Analdex dijo que Estados Unidos desmontaría arancel de 12,5% en los próximos días

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Desde antes de posesionarse, el gobierno de Abelardo de la Espriella inició conversaciones con Estados Unidos para reducir a 0% los aranceles de 12,5% que ese país impuso sobre importaciones de productos colombianos, las cuales estarían por dar fruto en los próximos días, según anunció el presidente de Analdex, Javier Díaz.

En el marco del 38° Congreso Nacional de Exportadores, el presidente de Analdex informó que la actual administración ya publicó, para comentarios, un decreto regulatorio sobre el ingreso de productos fabricados en otros países donde hay trabajo forzoso, el cual busca despejar y aclarar el camino para la decisión de EE.UU. "La información que tengo es que ese arancel del 12,5% podría bajar a cero", dijo.

El líder gremial recalcó que, desde hace meses, la Casa Blanca había mostrado su interés por tener un trato preferencial hacia Colombia, teniendo en cuenta que en el país no hay prácticas directas de trabajo forzoso; sin embargo, para ello requería la existencia de un instrumento jurídico que sí impidiera el ingreso de productos hechos de esta forma.

En línea con esto, Díaz cuestionó la no expedición del marco regulatorio durante la administración de Gustavo Petro y una especie de 'tire y afloje' entre la Dian y el Ministerio de Comercio que también relantizó el proceso. "Colombia necesitaba sacar un instrumento jurídico que garantizara que productos, materias primas e insumos producidos en países con trabajo forzoso no entraran a territorio colombiano. No es una prohibición absoluta, sino un sistema de gestión del riesgo", detalló.

Ante la falta de ese instrumento y una vez sucedido el terremoto del 10 de agosto, De la Espriella pidió al presidente Donald Trump suspender los aranceles con el objetivo de ayudar a las empresas afectadas a salir de la crisis. A su vez, el representante comercial de EE.UU. se reunió con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, para continuar "los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en el contexto del devastador terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto".

De lograr el desmonte del gravamen, más de 1.700 empresas colombianas se verían beneficiadas, especialmente proque el ajuste a 0% aliviaría a sectores intensivos en mano de obra como el floricultor. Aun así, Díaz advirtió que la agenda arancelaria con el país norteamericano todavía tiene asuntos por resolver como los gravámenes impuestos sobre hierro, acero y aluminio, que impactan a aproximadamente 2.490 compañías.

"Estados Unidos no es un destino más: es el ancla, es nuestro principal mercado. Uno no puede desentenderse de ese mercado", aseguró el presidente de Analdex, quien recalcó que el país norteamericano concentran cerca de 30% de las ventas externas del país.

Asimismo, Díaz recalcó que la meta del gobierno debe ser alcanzar propósitos comerciales que no tengan contradicciones de tipo ideológico, lo incluye defender a EE.UU. y también llevar los productos colombianos a mercados en el resto del mundo. Por eso, hizo un llamado a reestablecer relaciones con Israel para acordar nuevas ventas de carbón hacia ese país.

"Conocimos el borrador de decreto para comentarios y estamos a la espera de su publicación definitiva para que empiece a regir", señaló el líder gremial, quien también detalló que la reanudación de esas ventas de carbón deben ir de la mano con la puesta en marcha otra vez del TLC entre ambos países.

"Le dijimos al Gobierno que no basta con recuperar las exportaciones de carbón; necesitamos reactivar el TLC. Lo que procede ahora es un intercambio de notas diplomáticas entre las dos cancillerías para dejar el acuerdo plenamente operativo", apuntó Díaz.

Las claves del decreto

Los ministerios de Hacienda, Comercio y Trabajo publicaron un decreto para comentarios con el que buscan prohibir el ingreso al territorio aduanero nacional de mercancías que hayan sido extraídas, producidas, manufacturadas o transformadas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso u obligatorio. La prohibición cubre todas las etapas de la cadena de suministro, desde la extracción, el cultivo y la cosecha hasta la manufactura, el ensamble y el acabado, y aplica a todos los regímenes y modalidades aduaneras.

La definición de trabajo forzoso que adopta el texto se ciñe al Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia mediante la Ley 23 de 1967: todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena y para el cual esa persona no se ofreció voluntariamente. Por eso, la norma excluye de esa categoría el servicio militar obligatorio, las obligaciones cívicas normales, el trabajo penitenciario realizado bajo vigilancia estatal sin cesión a particulares, los casos de fuerza mayor y los pequeños trabajos comunales.

Según el decreto, la Dian queda como la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la prohibición, con facultades de fiscalización, requerimiento de información, aprehensión y decomiso que ya le confirió la Ley 2586 de 2026; mientras que el MinComercio apoya la formulación de la política comercial y el intercambio de información y el MinTrabajo aporta los criterios técnicos para identificar hechos indicativos de trabajo forzoso en una mercancía específica.

Como herramienta central de aplicación, las carteras elaborarán y publicarán un listado indicativo de riesgo con bienes, sectores, productores o cadenas de suministro sobre los que exista información objetiva y suficiente de un posible uso de trabajo forzoso. Ese registro se actualizará al menos una vez al mes, pero el propio decreto aclara que la inclusión en el listado no constituye por sí sola prueba definitiva ni una decisión sancionatoria; sirve como insumo para la gestión del riesgo y la debida diligencia de los importadores, no como una presunción de culpabilidad.

El texto también habilita canales para que personas naturales o jurídicas, organizaciones de trabajadores, gremios y comunidades afectadas presenten denuncias o reportes sobre posibles casos de trabajo forzoso en una cadena de suministro, aunque esa información deberá contrastarse con otras fuentes objetivas antes de sustentar cualquier acción de control.

Entre sus argumentos, el gobierno justificó la entrada en vigencia inmediata del decreto, una vez sea firmado y publicado en el Diario Oficial, con la urgencia de responder a los aranceles impuestos por Estados Unidos y en la necesidad de evitar el ingreso al país de bienes vinculados con vulneraciones de derechos humanos.