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Miguel Pérez García, presidente de Acoset, dijo que no se han tenido en cuenta a los generadores de empleo en el país
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El gremio considera indispensable que la regulación permita identificar las conductas que efectivamente configuran intermediación o tercerización laboral ilegal
Ante la discusión sobre el futuro del Decreto 0581 de 2026, relacionado con la tercerización y la intermediación laboral ilegal, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Acoset, considera fundamental que cualquier decisión regulatoria garantice claridad jurídica, protección efectiva de los derechos de los trabajadores y reconocimiento de las modalidades de contratación previstas en la legislación colombiana.
Acoset reiteró que la lucha contra la intermediación laboral ilegal es un propósito necesario. Sin embargo, argumentan que su tratamiento debe partir de una distinción precisa entre las prácticas que vulneran los derechos laborales y el ejercicio legítimo de figuras empresariales que, dentro del marco legal, contribuyen a la formalización y al acceso al empleo.
"La tercerización no es ilegal por sí misma, ni la actividad de las Empresas de Servicios Temporales está prohibida", afirmaron desde la Asociación. Y agregan que "estas empresas cumplen una función legalmente reconocida en el mercado laboral colombiano, bajo las condiciones establecidas en la Ley 50 de 1990 y demás normas aplicables".
En ese sentido, el gremio considera indispensable que la regulación permita identificar las conductas que efectivamente configuran intermediación o tercerización laboral ilegal, sin generar interpretaciones que desconozcan la naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Temporales ni confundan su actividad autorizada con prácticas contrarias a la ley.
Acoset también destaca la importancia de precisar los criterios de actuación de los inspectores del trabajo, de manera que los procesos de inspección, vigilancia y control se desarrollen con criterios objetivos, uniformes y ajustados al ordenamiento jurídico, con garantías para los trabajadores y seguridad jurídica para las empresas.
“Colombia necesita combatir con decisión la intermediación laboral ilegal, pero también garantizar que las empresas que actúan dentro de la ley puedan continuar generando empleo formal. La protección de los trabajadores y la seguridad jurídica no son objetivos opuestos: deben avanzar de manera conjunta”, señaló Miguel Pérez García, presidente de Acoset.
Fedesarrollo reportó que la confianza del consumidor aumentó 0,2 puntos porcentuales frente a agosto. La disposición a comprar vivienda y muebles mejoró
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