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Acemi advierte de necesidad de financiamiento urgente para la vigencia 2026
De ese monto, $3,73 billones corresponden al incremento de la UPC del régimen contributivo
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, publicó el documento de "Propuestas para la estabilización, recuperación y fortalecimiento del sistema de salud en Colombiaidentifica necesidades adicionales por $9,57 billones 2026- 2030" en el que trazan una hoja de ruta para mejorar el sistema en los próximos cuatro años.
La entidad enfatizó en que la estabilización del sistema requiere recursos. Para la vigencia 2026, el documento identifica necesidades adicionales por $9,57 billones. De ese monto, $3,73 billones corresponden al incremento de la UPC del régimen contributivo. Otros $2,38 billones corresponden a ajustes de Presupuestos Máximos desde 2023, sin incluir Nueva EPS, y $3,46 billones a la
financiación adecuada de los Presupuestos Máximos corrientes.
Acemi también estima que cerca de $5,29 billones podrían provenir de ingresos presupuestales excedentarios frente a los aforos de la Adres, incluyendo cotizaciones, reintegros, aportes departamentales, Soat, Coljuegos y mayor disponibilidad presupuestal inicial.
Los $4,28 billones restantes, afirma la entidad, exigirían esfuerzo fiscal adicional, recursos de capital, optimización del gasto público o reasignaciones desde otros sectores. Esta financiación no resuelve por sí sola los problemas estructurales, pero permite estabilizar el flujo de recursos, evitar mayor descapitalización de aseguradores y reducir la presión inmediata sobre clínicas, hospitales, proveedores y pacientes.
Cerca de 18 millones de colombianos están en entidades intervenidas o bajo medidas especiales, con alta incertidumbre operativa y financiera. Por eso, desde Acemi afirman que la prioridad debe ser proteger a los afiliados, "no prolongar indefiniciones".
Por eso, proponen conformar un equipo técnico de alto nivel que, en los primeros tres meses, entregue un diagnóstico operativo, financiero, actuarial y asistencial de cada entidad intervenida. "Con base en ese diagnóstico, la autoridad debe tomar una decisión clara: liquidación ordenada y traslado de afiliados cuando la entidad no sea viable, o restitución condicionada cuando exista viabilidad, con exigencias estrictas de habilitación financiera, saneamiento, concurrencia patrimonial privada cuando sea necesario y vigilancia reforzada del Estado", señalan.
Para Acemi, la liquidación no debe ser improvisada ni masiva; debe proteger continuidad de tratamientos, redes, historia clínica, pagos y rutas de atención. La restitución tampoco debe ser automática; debe condicionarse al cumplimiento de estándares financieros, asistenciales y de gestión del riesgo. La meta al cierre del periodo debe ser contar con entidades habilitadas, patrimonialmente sólidas, supervisadas con rigor y capaces de gestionar riesgo en salud.
El documento propuesto por la entidad estima un faltante actuarial asociado a la UPC entre 2021 y 2025 de $34,2 billones, cifra que debe ser revisada y reconfirmada mediante un estudio actuarial e interdisciplinario independiente.
Ese estudio debe reconstruir la suficiencia de la UPC, revisar bases de datos, mallas de validación, supuestos de cálculo, valores observados, estados financieros y diferencias
entre ingresos reconocidos y costos reales.
El saneamiento que propone Acemi debe ser gradual y decreciente: 40% el primer año, 30% el segundo,
20% el tercero y 10% el cuarto. Los recursos deben orientarse a honrar obligaciones con prestadores, proveedores y personal de salud, mediante giro directo auditado, con trazabilidad y reflejo contable inmediato en los estados financieros de las redes.
"La medida debe incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 e instrumentarse mediante leyes anuales de presupuesto, planes financieros y documentos CONPES, bajo reglas de elegibilidad, auditoría concurrente y supervisión", propuso Acemi.
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