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Luego de la renuncia de juntas directivas de EPM y Ruta N, varios sectores de Medellín se expresaron frente a las decisiones del Alcalde
Después de la controversia generada por la decisión del alcalde de Medellín Daniel Quintero y el Gerente de EPM, Álvaro Rendón, de demandar por $9,9 billones a constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto Hidroituango; son varias las voces que se han sumado a esta discusión para argumentar que dicha decisión pone en riesgo la histórica relación entre la institucionalidad, el sector publico y la ciudadanía.
Por su parte, el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad Eafit, dirigido por Santiago Tobón, expresó que hay gran preocupación por la tensión generada entre el alcalde de Medellín y la institucionalidad construida al rededor de las principales organizaciones públicas de la ciudad; pues esta decisión, sumada a la dimisión de la junta directiva de EPM, sientan un precedente histórico en las relaciones que la ciudad mantiene con diferentes organizaciones.
En la misma misiva se afirma que "con las decisiones anunciadas recientemente respecto a EPM, el señor alcalde desconoce, por ejemplo, el Convenio Marco de Gobernabilidad entre esta empresa y la Alcaldía, en el cual se establece claramente que su actuación debe enmarcarse exclusivamente a través de su papel como presidente de la Junta Directiva. Asimismo, al desconocer el consejo de la Junta Directiva de Ruta N en lo que se refiere a su dirección ejecutiva, el señor alcalde también parece querer contravenir el arreglo institucional vigente".
Para los expertos en materia de economía política el éxito que ha mostrado la alianza entre empresas, Estado y la cuidadania de Medellín es algo atípico y poco visto dentro de la disciplina. El llamado buen gobierno corporativo de lo público es un sistema de reglas implícitas y explicitas en el que la participación cruzada de empresarios, académicos y funcionarios electos o designados en la toma de decisiones estratégicas de inversión pública y desarrollo económico y social, ha permitido que la independencia, la transparencia y el rigor técnico sean los principios rectores de tales decisiones.
La carta enviada desde la Decanatura de la Escuela de Economia y Finanzas de la Universidad Eafit, concluye diciendo que "frente al enrarecido ambiente que percibimos, se hace urgente arropar y fortalecer los mecanismos de participación y las garantías de transparencia que por tantos años han permitido el ordenado funcionamiento de la cosa pública en la ciudad, y han sido motivo de orgullo para los antioqueños".
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