A la falta la coordinación entre las entidades del Estado para luchar contra el lavado de activos, de la impunidad y otros problemas, se le suma la ausencia de cifras. Según María Mercedes Cuéllar (1946), presidente de Asobancaria, “ni Colombia, ni ningún otro país de la Región, disponen de cálculos precisos que les permita erradicar, de las estadísticas, las distorsiones así generadas. Tampoco se tienen estudios rigurosos que estimen otros impactos macro”.
