El proyecto de ley que fue sancionado a principio de este año con el que se busca recaudar fondos del ahorro privado (cuentas abandonadas) para el otorgamiento de créditos de estudio en las instituciones de educación superior, contó con el asesoramiento del bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Su socio Felipe Cuberos fue el encargado de los aspectos legales de esta idea que ha causado tanta polémica.
