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A 16 meses de haberse ordenado la suspensión de las actividades de captación o recaudo no autorizado a la sociedad Factor Group (FG), y de que esta firma iniciara un proceso de reorganización, los 1.570 inversionistas siguen esperando recuperar su dinero, unos $300.000 millones.
David Wigoda Rinzler, representante legal de FG, respondió que “toda la información acerca de la implementación del plan de desmonte se encuentra en los informes mensuales que enviamos a la Superintendencia de Sociedades”.
El abogado José Luis Giraldo Pineda, quien representa a 150 afectados, explica que “la gente no se ha dado cuenta de que la estafaron y que hicieron con sus recursos operaciones que no autorizaron, como la compra de fincas, y ahora no entienden que esas fincas son de ellos y las tienen que administrar mediante un comité fiduciario”.
Dice que lo más delicado es que Factor Group sigue operando y mantiene varios negocios, uno de ellos denominado “Leyla Guzmán Herrera/ Luis José Botero/ Unión Mutua”, contra el cual la Superintendencia de Sociedades, el dos de enero pasado, anunció que investigará si se trata de otra captación ilegal.
Fuentes de la Supersociedades solo indicaron que “el proceso de desmonte de FG sigue, y estamos respondiendo los derechos de petición, pero no se ha avanzado mucho”.
Testimonio de ese poco avance lo entrega Gonzalo Gómez, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yarumal, quien explica que lo último que les dijeron, en octubre pasado, era que el plan de desmonte del fideicomiso Luciérnagas estaba a cargo de Fiduciaria Corficolombiana.
“Actualizamos la información que nos solicitaron y que volverían a contactarse con nosotros, y hasta ahora no nos han dicho más”, indicó.
Otro aspecto que llama la atención es que Factor Group, que propuso el plan de desmonte e invitó a los clientes a suscribirlo, instauró una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, contra la resolución de la Supersociedades que dejó en firme el plan desmonte, la cual fue admitida el 5 de septiembre de 2012.
Pablo Trujillo, presidente de la Junta Directiva de Acción Fiduciaria, entidad que esta a cargo de los fideicomisos inmuebles ganaderos y ceba de ganado, reconoce que “los inversionistas no han recuperado nada porque no se han vendido las fincas y solo recuperarán algo el día que se vendan”.
Trujillo aconseja que los beneficiarios de los fideicomisos tramiten la vinculación y acudan a las asambleas para nombrar el comité que manejará las fincas cuyo avalúo supera los 113.000 millones de pesos, pero algunas están embargadas.
Dinero se recuperaría en mínimo 5 años
Acción Fiduciaria fija un horizonte de 5 años para destrabar el tema de la fincas embargadas y adelantar la venta de los inmuebles, para entregar la porción que a cada beneficiario le corresponde. El abogado José Luis Giraldo considera que la recuperación de las inversiones se daría entre 5 y 8 años. ¿Por qué en Interbolsa hubo celeridad y no en FG? Porque el ofrecimiento del plan de desmonte y la promesa de honrar los compromisos ha mantenido “anestesiados” a los afectados, según algunas fuentes del proceso.