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El conflicto interno de Colombia desde hace más de 30 años cuenta con un marco jurídico para la paz, como herramienta de diálogo y negociación con los grupos armados al margen de la ley.
Desde el gobierno de Turbay Ayala, con la Ley 37 del 23 de marzo de 1981, se concreto la primera amnistía condicional a favor de los grupos ilegales y autores de delitos políticos. Seguido con la creación de la comisión nacional de paz en 1982, con Belisario Betancur.
Se pasó por la desmovilización del M-19 y una parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y el Movimiento Armado Quintín Lame. Y con las reformas a la Constitución Nacional, se adoptan y anexan nuevas políticas, donde se efectuaron una serie de desmovilizaciones.
Mientras ocurría el frustrado proceso de paz, en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, de forma paralela se adoptó la Ley 589 del 2000 con la que se tipificaron el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura en el Código Penal. En 2003, se desmovilizaron integrantes de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a través del acuerdo de Santa Fé de Ralito.
Judicialización de actores armados de las AUC en Estados Unidos. Y a 2012 se ejecuta el plan de acercamiento con integrantes de la Farc, y apoyo internacional.
