Cuatro años de la política comercial de Colombia

La política comercial ejecutada durante la primera administración del presidente Juan Manuel Santos, siguió las directrices que se definieron a comienzos de los años 90, cuando el país decidió insertar su economía en la economía internacional. 

Superada la primera fase de la denominada apertura económica, el país definió que la manera de insertarse en un mundo cada vez más globalizado, sería a través de los Tratados de Libre Comercio, mediante los cuales conseguiría abrir su economía al tiempo que sus socios comerciales abrieran las suyas para los productos y servicios colombianos. Con este objetivo, el país no solo negoció acuerdos con los países de la Región como Mercosur, Chile, Centro América y México, sino que igualmente lo hizo con sus principales socios comerciales y aquellas economías desarrolladas que le interesaban comercialmente hablando, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Aun cuando el Presidente señaló, hace algo más de un año, que esta fase estaba terminada y ahora lo que se venía era lograr el aprovechamiento de los acuerdos ya suscritos, la verdad es que esta tarea aún no está realmente concluida puesto que no ha definido como ha de ser su relacionamiento con algunas áreas geográficas que muestran un gran dinamismo comercial o que aún no han sido exploradas comercialmente, como es el caso de Asia y África.

Por tanto, podría decirse que en este aspecto la política comercial ha sido exitosa, pero que la tarea aún no ha concluido.

Un aspecto de la política, en el que no se pueden mostrar resultados positivos, es el relativo al desarrollo de la denominada agenda interna, que se había definido como el complemento necesario a la negociación de los Acuerdos. En este campo, infortunadamente, el país ha retrocedido.

Ejemplo claro de ello, es lo que ha ocurrido con los instrumentos de promoción del comercio, tales como las comercializadoras internacionales, el Plan Vallejo y la operatividad de las zonas francas. En el caso de los dos primeros instrumentos señalados, prácticamente desaparecieron, sin que el país haya definido cuáles deberían ser sus sustitutos modernos.

En el caso de la operatividad de las zonas francas, se está restringiendo su actividad vía conceptos aduaneros, introduciendo una gran incertidumbre jurídica y castigando la potencialidad del instrumento para promover el comercio.

En este campo, hay una gran deuda de la política comercial con la facilitación y la promoción del comercio que ojalá sea saldada en los próximos 4 años, mediante la adopción de un gran plan de exportaciones que incorpore la creación de instrumentos modernos de promoción y facilitación del comercio, a tono con los compromisos resultantes del Acuerdo de Bali en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El otro gran lunar de la política comercial del actual gobierno, está referido a la pérdida de control de las operaciones de comercio exterior, por parte de la autoridad aduanera.

El contrabando, y en particular, el contrabando técnico que pasa por las aduanas, está disparado, afectando en materia grave al aparato productivo formal que no puede competir con este comercio desleal y en la mayoría de las veces ilegal.

Sin lugar a dudas, en materia de comercio, el mayor reto que enfrenta la administración que se inicia el próximo 7 de agosto, es el de recuperar el control del comercio exterior del país.

Dicho control resulta esencial para el éxito de la política comercial del país, puesto que, como se hizo evidente en los pasados paros agrarios, se culpa a los TLC de la situación por la que atraviesan determinados sectores, cuando realmente no son los TLC sino el contrabando y las operaciones ilegales las responsables de dicho deterioro. La política comercial del país no requiere grandes virajes, lo que se precisa es actuar sobre aquellas variables internas que aseguren el éxito del proceso de internacionalización.