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Afán de protagonismo desató lucha por Cámara de Comercio

miércoles, 26 de junio de 2013
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Camilo Giraldo Gallo

El escándalo por las irregularidades al rededor de las elecciones para escoger junta directiva en la Cámara de Comercio de Barranquilla, suscitó una sola pregunta: ¿qué interés había por parte de unos empresarios tan grandes por una entidad que tiene un presupuesto de solo $20.000 millones anuales? Sin embargo, el valor de esta no se podía cuantificar en dinero, realmente eran la visibilidad e influencia sobre varios ámbitos de la ciudad las verdaderas joyas de la corona para quienes quieren dominarla.

Informe especial Cámara de Comercio de Barranquilla

Una entidad de tradición

Entre todos los gremios de la ciudad, la Cámara de Comercio tiene algunos de los pesos y tradiciones más importantes para los barranquilleros. Desde que fue creada el 18 de febrero de 1916, apoyó importantes proyectos de la ciudad como la compañía de Bocas de Ceniza, el primer Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el Puente Pumarejo, la Central de Abastos del Caribe, el Canal Telecaribe, Fundesarrollo, entre otros. En los años noventa, después de un periodo de declive de la Cámara, un grupo de empresarios se unió para ponerse al frente de esta y adelantar proyectos, con lo que volvió a tomar gran notoriedad en la ciudad. Dentro de los líderes se destacaron la Fundación Mario Santo Domingo, Enrique Berrío y Arturo Sarabia, entre otros, que tomaron el control de la junta directiva durante varios años.

Los líos se empezaron a vislumbrar en 2002 cuando Ernesto Gómez, representante de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), afirmó ante el Concejo de la ciudad que la Fundación Mario Santo Domingo pagaba las afiliaciones de microempresarios y les hacía préstamos para habilitarlos a votar. Además desde esa misma organización, Alejandro Duarte, que entró en 2004 a la junta, señaló que ese círculo era muy cerrado.

“Pedimos a nuestros afiliados que se inscribieran a la Cámara de Comercio, y así logramos los 270 votos que nos permitieron el primer escaño. Después lo perdimos, después lo volvimos a ganar, pero nunca tuvimos una verdadera representación. Había mucha inconformidad en los comerciantes pequeños”, afirmó Duarte.

¿Revolución en la Cámara?
Para las elecciones de 2012 un grupo de empresarios de grandes compañías de la ciudad quisieron tomarse el liderazgo de la Cámara de Comercio, y lo lograron. El 5 de julio de ese año, día de las elecciones para la junta directiva, ese grupo logró hacerse a siete de los ocho puestos de elección popular, y con los cuatro que nombró el Gobierno Nacional quedó conformada la junta de 12 personas.

Entre los ganadores estuvieron personajes como el dueño de la representación de la marca de ropa EPK, Samuel Tcherassi, miembro de una de las familias más importantes de la ciudad y reconocido en los negocios. Además estuvo Ricardo Varela, abogado y político que fue suplente de Fuad Char en el Senado entre 2002 y 2006, Saúl Ballesteros, por Undeco, y el mismo Duarte, que fue quien obtuvo la mayor votación.

Sin embargo, aunque ellos llegaron mostrándose como la opción de cambio, habían sido parte de las juntas directivas anteriores. Ballesteros y Duarte venían de la junta de 2010, así como Tcherassi que había sido representante del Gobierno.

El 12 de julio dos asociados a la Cámara, (Pablo Gabriel Obregón, director de la Fundación Mario Santo Domingo, y Charles Chapman, único representante de la Fundación que obtuvo una silla en la junta) impugnaron las elecciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Denunciaron la irregularidad en la creación de cerca de 1.500 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) por parte de 72 personas naturales que votaron en las elecciones del 5 de julio. Las SAS se crearon en el periodo de enero a marzo de 2012, antes de que se venciera el plazo para poder participar en los comicios. Aquí empezó la pelea entre dos poderosos grupos de Barranquilla.

Uno de los detalles importantes en el caso es el papel de Luis Fernando Castro, presidente de la Cámara en el momento de las elecciones, quien a su regreso de vacaciones y con la recién posesionada junta presidida por Tcherassi, fue despedido del cargo.

Algunos señalan que la salida de Castro se debió a que hizo parte de las primeras denuncias sobre las SAS.

Sin embargo, desde el otro lado argumentan que la Cámara ha estado secuestrada durante 20 años por la Fundación Santo Domingo. Además han revelado que esta ha hecho pagos de afiliaciones de microempresarios y que aumentan en los años electorales. Además Alejandro Duarte le dijo a LR que Castro propuso antes de las elecciones la creación de ‘clusters’, para afiliar de manera gratuita cientos de empresas.

Entran las autoridades
La SIC, en cabeza de José Miguel De la Calle, hizo la investigación del caso y al ver irregularidades en el proceso de votación, el 24 de septiembre declaró inválidas las elecciones y ordenó que se realizara una nueva jornada con un censo depurado. Además, la Superintendencia de Sociedades dictó una medida en la que ordenó la suspensión de las afiliaciones de esas SAS cuestionadas.

Al llegar Pablo Felipe Robledo para remplazar a De la Calle, aclara el 3 de octubre que las personas elegidas en la junta del 5 de julio deben dejar sus cargos y programa las elecciones para el 20 de diciembre pidiéndole a los miembros de gobierno que nombren una junta provisional.

“La ley, de manera expresa no prevé lo que debe hacerse cuando se anula en su totalidad un proceso electoral pero la ley sí tiene una norma que indica que las vacancias absolutas de uno o varios de los miembros elegidos popularmente en las cámaras de comercio el poder elector lo tienen los demás miembros de junta. Entonces la Superintendencia tenía dos posibilidades. Nos pareció mejor opción que los cuatro del gobierno designaran otros ocho y no que los cuatro fueran los únicos miembros de la junta directiva”, señaló Robledo a LR.

‘Tutelitis’
Los afectados por las decisiones de las Superintendencias empezaron a poner tutelas. La primera de ellas fue recibida por el juez 22 civil municipal de Barranquilla, quien dejó sin efecto lo dicho por la SIC y canceló las elecciones del 20 de diciembre. La SIC apeló, el juez 6 de Barranquilla revocó lo decidido por el 22 y dijo que el trámite se debía hacer ante entes nacionales. El juez 22 está siendo investigado por la Fiscalía, por orden de la Corte Constitucional, pues hubo irregularidades en el reparto de la tutela.

La SIC convocó a elecciones para el 18 de abril, pero otra tutela, esta vez admitida por el juez 19 civil municipal de Bogotá, ordenó cancelarla un día antes. Sin embargo, el mismo 18 de abril y después de cancelados los comicios, el juez 19 dijo que la tutela es de orden nacional y la rechazó. Por tecera vez, el SIC convocó a elecciones para 16 de mayo, pero otra tutela, ahora en el juzgado 35 civil del circuito de Bogotá vuelve a ordenar la cancelación, pide que se restituyan los miembros elegidos el 5 de julio y se ingresen las SAS al censo electoral. La Superindustria impugna esto ante el Tribunal Superior de Bogotá, que el pasado viernes 21 de junio anula la decisión del 35 y le ordena repetir el proceso e incluir a todos los actores.

Los dueños de las SAS
Dentro de las investigaciones que han hecho las Superintendencias, han identificado los dueños de varias SAS. La mayoría de ellos lo hicieron a través de sus empleados. Es el caso de Tcherassi quien ya admitió ser dueño de 626 y por las que fue multado. También están los hermanos José Manuel y Christian Daes, que pagaron la inscripción de 359 SAS. Además aparecen Ricardo Varela y Ricardo Manzur.

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