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Responsabilidad fiscal

La semana pasada el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2018 ante el Congreso de la República. Este presupuesto busca trasmitir un mensaje de austeridad que tranquilice a las calificadoras de riesgo, a la vez que cumple con los compromisos de gasto social. El reto es grande. Las calificadoras de riesgo están atentas a un recorte de gasto permanente, consistente con una nueva estructura de ingresos en donde el recaudo derivado del petróleo es menor. Garantizar el compromiso con las metas planteadas en la regla fiscal, a través de un ajuste de gasto, es fundamental para mantener la calificación de la deuda pública.

La regla fiscal exige que el déficit del gobierno central se reduzca en 0,5% del PIB en 2018, llevándolo a 3,1% del PIB. Para cumplir con este objetivo, en esta versión del presupuesto se propone un crecimiento nominal de 1% para el gasto total, lo que equivale a un recorte en términos reales, teniendo en cuenta que la inflación esperada para el próximo año es de 3,5%. Por lo tanto, como porcentaje del PIB, se propone un recorte del gasto total (excluyendo deuda) de 1 punto del PIB, pasando de 19,8% a 18,8% del PIB. La reducción en el gasto también tendrá el beneficio de reducir la presión sobre la inflación, acelerando su reducción. Esto le facilita la tarea al Banco de la República.

Como es natural, el mayor ajuste en el gasto se da en la inversión que es el rubro más flexible, donde se propone un recorte de $5,5 billones frente al nivel aprobado para este año. De otra parte, se agregan $2,4 billones para asumir los compromisos del Gobierno asociados a la implementación del acuerdo de paz.

El presupuesto presentado por el Gobierno se ajusta a la nueva realidad fiscal. Ahora está en manos del Congreso actuar de manera responsable y controlar su apetito por más gasto. Particularmente en época de elecciones.
Preservar el grado de inversión, que se recuperó al comienzo de la administración del Presidente Santos, es de crucial importancia para mantener los costos de financiamiento bajos. Por lo tanto, el Congreso debe entender que presionar por más gasto tendría un efecto perverso no solo por poner en riesgo el cumplimiento de la meta fiscal de este año, sino por su impacto sobre el gasto en intereses hacia delante. Esto genera un círculo vicioso en el que el gasto en intereses aumenta su peso dentro del gasto total, reduciendo el impacto del gasto público, al quitarle espacio a la inversión y limitar el gasto en salud y educación.

Ajustar el gasto a un nivel consistente con la nueva dinámica de ingresos del Gobierno es clave para garantizar su sostenibilidad y la estabilidad macroeconómica. Un presupuesto ajustado para 2018, así como la Misión del Gasto convocada por el gobierno para mejorar la eficacia del gasto público, son esfuerzos en la dirección correcta. El margen para mejorar la salud fiscal vía mayor recaudo es limitado, ya que incrementar el nivel de impuestos al sector privado es impensable. Por lo tanto, los esfuerzos del gobierno deben centrarse en reducir el gasto a niveles consistentes con menores ingresos derivados del sector petrolero, y aumentar su eficacia. El tamaño del Estado se debe ajustar a lo que se puede pagar, y el crecimiento económico debe quedar en manos del sector privado.