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La prudencia fiscal es una virtud, pero, llevada demasiado lejos, puede convertirse en un problema. El proyecto reformulado del Presupuesto para 2027 obliga a preguntar: ¿estamos sincerando las cuentas o construyendo un escenario fiscal tan exigente que termine creando problemas? Teniendo en cuenta el ambiente amable del Congreso, un presupuesto más ajustado a la realidad económica sería mejor. Un escenario exageradamente pesimista puede desembocar en una tributaria o romper promesas electorales del presidente.
Las cifras justifican la pregunta. El gobierno supone que la economía crecerá apenas 2,2% en 2027, por debajo del crecimiento de 2,9% del primer semestre de 2026. Para la tasa de cambio la estiman para 2027 en $3.859, aunque actualmente la TRM está en $3.072. Un crecimiento bajo reduce el recaudo esperado, un mayor gasto social presiona las cuentas y un peso devaluado aumenta el pago de intereses. Por ende, las proyecciones calculan un deterioro significativo de las cuentas fiscales: un déficit de 9,4% del PIB y una deuda neta de 66,2%. Ese escenario calamitoso obliga a conseguir más recursos vía recorte, privatizaciones o una tributaria.
El servicio de la deuda se proyectó inicialmente en $118 billones; en el proyecto reformulado, esta cifra asciende a $155,4 billones. Ahora se agregan provisiones adicionales para salud, pensiones, subsidios de energía, gas y combustibles. Muchas son obligaciones reales. Otras dependen de precios, cálculos actuariales y capacidad de ejecución.
¿Qué ocurre si el dólar no llega a $3.859, las tasas de los TES siguen bajando, la inflación cede más rápido o la economía crece por encima de lo previsto? Puede que para aquel momento el remedio sea peor que la enfermedad. Bien sea porque una ardua reforma tributaria desacelere la economía o un recorte profundo sacrifique músculo en vez de grasa.
Ser más negativo que la realidad también cuesta. Una necesidad de financiamiento exagerada puede presionar el mercado de TES, elevar las tasas, desplazar crédito privado y transmitir una señal de mayor riesgo fiscal. Un presupuesto inflado puede facilitar posteriores reasignaciones y debilitar el control del Congreso. Presentar después como “ahorro” una diferencia producida por supuestos cómodamente adversos no equivale a eficiencia fiscal.
El Congreso debe exigir escenarios de sensibilidad. ¿Cuánto baja el servicio de la deuda con un dólar promedio de $3.400 o $3.000? ¿Cuánto cambia el recaudo si el PIB crece 2,2% o 3,0%? ¿Qué apropiaciones dependen de la inflación? Hay muchos que consideramos que el gobierno De la Espriella va a generar un dividendo económico significativo para el país, no que vamos a crecer menos que el gobierno anterior. La prudencia exige prepararse para lo malo. La transparencia exige mostrar qué pasa si lo malo no ocurre. Un presupuesto técnicamente sólido debe mostrar cómo se modifican las cuentas cuando cambian los supuestos.
La diferencia entre una proyección prudente y una estimación excesivamente conservadora no es menor: de ella dependen las decisiones de gasto, endeudamiento y recaudo. La discusión debe resolverse con transparencia sobre los supuestos y con sensibilidad frente a distintos escenarios macroeconómicos. Las respuestas deben estar en las cifras, no en las interpretaciones.
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