Dictadura fiscal

En medio del IVA al internet y de impuestos a los asalariados, pasó de agache la reforma de la regla fiscal. Ojalá tengan cuidado si la van a revivir en la nueva tributaria. Creada en 2011, la regla fiscal fija un límite al déficit fiscal nacional, teniendo en cuenta los ciclos económicos y petroleros. Se ahorra en vacas gordas y se gasta más en vacas flacas. Un comité consultivo de expertos designados por Minhacienda recomienda parámetros. En papel todo perfecto, en la práctica requiere ajustes, aunque no los del Gobierno.

Frente al colapso petrolero en 2014, la regla permitió flexibilidad, un tercio del ajuste fue vía déficit. Al llegar el nuevo Gobierno, el comité consultivo dio margen de $15 billones más por inmigración venezolana. Después, con Covid, se suspendió del todo. La deuda prevista en el Mfmp de 2018 sería de 36,2% del PIB y va a quedar cerca de 70%, duplicándose, cumpliendo la regla estrictamente. En Colombia siempre pasa algo, si cada vez hay que dar una excepción, la regla no es camisa de fuerza sino excusa para gastar. La reforma acertadamente introducía la variable de deuda para evitar una exageración del déficit contra-cíclico.

La tributaria seguía sin resolver el conflicto de interés de los miembros del Comité Consultivo que Hacienda nombra, pero que lo debe restringir. La independencia administrativa y remuneración propuesta no lo logra. El Banco de la República, en el marco de la coordinación económica, debe nombrar los miembros del comité. El Banco de la República, inclusive, podría asumir todas las definiciones técnicas que la reforma propone transferir al Confis, donde los empleados de Hacienda hacen mayoría. Recuperar credibilidad en la regla dándole independencia debe ser el propósito.

Lo más delicado de la nueva regla es el cambio hacia la meta de déficit de gobierno general. Ahora Minhacienda se comprometería no solo con el déficit del Gobierno Nacional sino también con el de gobernaciones y alcaldías. La excusa es que el déficit del Gobierno Nacional se castiga excesivamente. Al causarse el déficit en parte por las transferencias territoriales, se debería permitir que las regiones pasen a depender del Ministerio de Hacienda.

En la práctica, los territorios solo representan 7% de la deuda del Gobierno General. Tienen tantas trabas administrativas para ejecutar que vienen acumulando un superávit de 0,5% del PIB. Al consolidarlas, esto abriría $5,1 billones más de espacio de déficit del Gobierno Nacional. Una jugada contable con consecuencias de Estado.

La lectura amable puede ser que en el futuro el Gobierno Nacional construiría su presupuesto con el residuo que le dejen las entidades territoriales. La probable es que, a través de frenos administrativos en salud, educación, crédito y regalías cuadren caja con las regiones. Sería la decisión de centralización más radical de la historia reciente. Si es así, poco sentido tienen las asambleas y los concejos. Es como derogar la Constitución del 91 y volver al situado fiscal.

Mientras tanto, la nueva regla proponía un masivo ajuste fiscal de 1,6% del PIB para el próximo Gobierno en dos años. Esto no es viable. Sería algo mas exigente que la fallida reforma. Fácil exigir a los demás, aunque en Colombia fijo algo pasa y encontramos una crisis para no hacerlo.