La ilegalidad como una forma de vida

“En la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos, piensan que este gobierno no continuará”, una frase que produce ira y escalofrío, de la desesperada exdirectora, hasta enero, del Dapre, la entidad administrativa más importante del gobierno. Ella pasó al Fondo de Adaptación, dependiente de la corrupta Ungrd y que maneja muchos millones de pesos en la atención de emergencias, asignados a dedo. Sencillamente se comprueba que, desde las más altas esferas del Estado, la asquerosidad y la criminalidad son una práctica normal de comportamiento, de la que resulta imposible no creer que Petro es cómplice. La ilegalidad, en apogeo.

Si eso pasa en el Palacio presidencial, de ahí en adelante todo se “normaliza” y se acepta en nuestro país tapado, informal y laxo. La ilegalidad se va extendiendo peligrosamente, sin escrúpulos, usando todas las armas y destruyendo los valores morales que deben ser premisas del comportamiento de todos.

Los ejemplos-consecuencia pululan. Hace solo tres días, el gremio de los banqueros (Asobancaria) denunció la existencia de un “cartel de la insolvencia” utilizado ilegalmente para facilitar que deudores evadan el cumplimiento de sus obligaciones financieras y comerciales. El grupo delictivo estaría usando abogados asesores que, en convivencia con algunos centros de conciliación, ejecutan maniobras irregulares para acceder indebidamente a los beneficios de la ley de insolvencia.

Otro episodio espeluznante. Los colombianos todavía tienen frescos los videos de la fiesta mafiosa en la cárcel de Itagüí, Antioquia, el pasado 8 de abril. No es del caso volverla a reseñar. Basta con decir que el candidato presidencial apoyado por el gobierno, Iván Cepeda, solo afirmó sobre el tema: “De mí no esperen declaraciones contra la paz”, frase contundente sobre el futuro de la Paz Total y que habilita la fechoría. Y luego, el presidente de la República anunció el traslado de los presos “fiesteros” a la capital del país. Como si nada.

Petro es protagonista de la macabra serie. El presidente Gustavo Petro difundió en su red un video manipulado con IA que contenía acusaciones contra su presidente de Ecuador. Al protestar Telemundo, la Casa de Nariño le restó importancia al asunto, diciendo que nuestro mandatario lo había hecho desde su cuenta personal y no desde la Presidencia del país. Todo vale y se tiene la artimaña legal para defenderse.

Su ejemplo contamina sin pena alguna. Hace quince días, 42 profesionales que hicieron el juramento de Hipócrates como médicos fueron descubiertos falsificando exámenes académicos de especialización. El valor cobrado para acceder a la “trampa” era $120 millones. El principio ético de la profesión, el de “no hacer daño”, se fue por la cañería.

Y más. Luego de seis meses de tener en su poder los procesos contra Gustavo Petro por violación de las normas sobre financiamiento de la campaña, la Comisión de Acusaciones del Congreso tiene engavetadas las investigaciones. La Policía Judicial investiga presuntas manipulaciones y dilaciones en el proceso. Y nada indica que no sigan perdidos y que los parlamentarios se burlen de todos.

Y qué tal esta. La junta directiva de Ecopetrol decidió enviar de vacaciones y licencia al presidente de la empresa en un supuesto acto de “lealtad”, luego de que el ejecutivo fue llamado a juicio por la violación de los topes permitidos por las normas y el uso de su cargo para realizar negocios particulares. El poderoso sindicato, la Uso, que dice defender la empresa, ha presentado un pliego de peticiones con exigencias extravagantes, como la construcción de cinco sedes, camionetas 4x4 y un aumento salarial de más de tres veces la inflación. Si no, huelga.

La lista podría ser interminable y provocar tristeza, pero la contundencia de estos casos no deja duda alguna de que nuestro país está en caída libre en favor de la ilegalidad, la trampa y la mentira. La porquería no nació con Petro, pero hay que darle gracias por abrir la puerta de la avalancha putrefacta.