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La guerra siempre ha tenido una dimensión económica. Detrás de cada conflicto hay intereses geopolíticos, ideológicos y territoriales, pero también existe un engranaje industrial que se activa con cada escalada: el de la defensa. Y en ese engranaje, algunos países -y sobre todo ciertas empresas- encuentran oportunidades.
Desde la invasión rusa de Ucrania, el gasto militar global ha entrado en una nueva fase. Europa, que durante décadas redujo su inversión en defensa tras el fin de la Guerra Fría, hoy acelera compras de sistemas militares, moderniza ejércitos y redefine prioridades. Este giro responde a una amenaza real, pero también abre un mercado enorme para la industria armamentista.
Estados Unidos lidera el mercado global de armas, representando aproximadamente 42% de las exportaciones globales. Sus sistemas -desde los aviones F-35 hasta los misiles Patriot- se han convertido en estándar dentro de la Otan. Empresas como Lockheed Martin o Raytheon Technologies han multiplicado pedidos en los últimos años.
Europa también está en el negocio. Francia ha fortalecido su posición con exportaciones de aviones Rafale, fragatas y sistemas de misiles. Su apuesta por la “autonomía estratégica” busca que el continente compre más a sus propios fabricantes, reduciendo dependencia externa. Su mercado ya ronda entre 10% y 11% a nivel mundial. Alemania, con sus tanques Leopard, y el Reino Unido, con su industria naval y misilística, tienen su cuota.
Corea del Sur se ha convertido en un proveedor clave para Europa del Este, especialmente Polonia, ofreciendo tanques, artillería y aviones a precios competitivos y con entregas rápidas. Turquía, por su parte, ha ganado protagonismo con sus drones, mientras Israel mantiene liderazgo en tecnología de defensa avanzada.
La economía rusa se ha transformado de manera acelerada en una economía de guerra, en la que el gasto militar dejó de ser un componente más del presupuesto para convertirse en su eje central. Desde la invasión rusa de Ucrania, Moscú ha incrementado de forma sostenida su inversión en defensa, destinando cerca de 6% a 7% del PIB al gasto militar y más de 30% del presupuesto federal a seguridad y defensa, niveles que no se veían desde la Guerra Fría.
Este aumento en la demanda no es menor. Muchos países europeos están elevando su gasto militar hacia -o más allá- de 2% del PIB, una meta que durante años fue más aspiracional que real dentro de la Otan. Algunos, como Polonia, ya superan 4%. Eso significa miles de millones de dólares dirigidos a contratos de defensa, modernización de equipos y adquisición de armamento.
A lo largo de la historia, el concepto de “complejo militar-industrial” ha advertido sobre esa relación entre política, defensa e intereses económicos: las decisiones de seguridad también tienen implicaciones económicas para quienes producen armas.
Sería un error reducir el análisis a un simple “negocio de guerra”. La invasión de Ucrania es un recordatorio de que las amenazas existen y que la capacidad de defensa no es opcional. Europa, durante décadas, delegó su seguridad y hoy paga el costo de haber subestimado los riesgos. Reforzar capacidades militares es una respuesta racional.
El desafío para Europa -y para el mundo- es encontrar un equilibrio: fortalecer la defensa sin caer en una lógica donde la seguridad se convierta en un mercado permanente, porque cuando la guerra empieza a verse como oportunidad económica, el riesgo es que deje de ser el último recurso y se convierta, lentamente, en parte del modelo. La historia enseña que ese camino nunca termina bien.
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