Sin justicia no hay país

Los malos resultados de la política criminal, la ineficiente administración de justicia con mora judicial escandalosa, el abuso de poder de algunas autoridades, la corrupción que ha permeado a gran parte de la sociedad y, en ocasiones la influencia indebida en procesos judiciales por parte de medios de comunicación, corresponden a una de las peores talanqueras de desarrollo de nuestra sociedad.
En relación al Sistema Penal Acusatorio, como parte de la reducción de la criminalidad, la Fiscalía ha sido un adecuado instrumento, pero está lejos de lo que requiere el país. El propio Fiscal General, en el evento de los 25 años de creación de la Fiscalía, aseguró que estamos frente a un eventual colapso del Sistema Acusatorio. En general, tanto en la Justicia Ordinaria, como en la Contencioso Administrativa, se encuentran audiencias represadas, congestión en los despachos, procesos que completan décadas sin fallo, son pruebas de la ineficiencia de la justicia.
La credibilidad en el sistema se agrava por la corrupción y con hechos como que, el Jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, cabeza del cuerpo élite para luchar contra la corrupción, pueda ser un delincuente. La corrupción judicial es quizás una de las peores muestras de la falla de la administración de justicia. De otra parte, la inestabilidad jurídica y la mora en los procesos judiciales son igualmente elementos que alejan la actividad empresarial formal y la inversión en proyectos y empresas productivos.
La mejora de la estructura legal y del procedimiento, son elementos que apuntan a la eficacia en la administración de justicia. Existen ejemplos notables, como la expedición del Código General del Proceso, o la Ley 820 de 2003 -ley de arrendamientos-, que le dio esta última, equidad contractual al arrendador y al arrendatario, e influyó en descongestión, tanto que hoy hay menos de 20% de procesos de restitución de bien inmueble arrendado de los que había en juzgados hace una década; es así, que los inquilinos morosos en el pago del canon, saben que la brevedad y la eficacia de la norma no les permiten las marrullas de antaño para permanecer incumplidos dentro del predio arrendado.
Otro buen ejemplo es la Ley de Pequeñas Causas - para delitos menores- que con el nuevo y abreviado procedimiento penal, delitos como el hurto, podrán ser juzgados en tiempo récord. Expertos aseguran que si la nueva ley se implementa bien, el impacto en justicia y eficacia sobre el Sistema Penal Acusatorio ha de ser muy importante; tanto que, dichos jurisconsultos afirman que procesos que se demoraban más de dos años, se resolverán en seis meses o menos. Esta norma va por buen camino para la descongestión.
¿Qué decir de la justicia social? Colombia no solo necesita mejorar en la Administración de Justicia. La sociedad toda debe apuntalar el funcionamiento de sus instituciones, así como la educación de sus ciudadanos, para que haya menos desigualdad e inequidad. Un camino de justicia, es tener normas equitativas.
Pues bien, este aterrador panorama, empieza a encontrar soluciones como las mencionadas en las normas de arriendos y delitos menores y, el paso firme del Frente Anticorrupción que lideran el Procurador General, el Fiscal General y el Contralor General, que corresponde a una luz de esperanza para combatir este cáncer de Colombia. Es necesario que este Frente comience a dar resultados.